"Hemos presentado una demanda penal contra el exministro de Salud por la compra de los respiradores. Incorporamos mucho aspectos: daño a la salud pública, incumplimiento de los deberes y otros delitos contemplados en la legislación vigente", dijo Flores a Sputnik.
Son varios los aspectos denunciados por el legislador del MAS, que preside la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas. "Al margen del engaño del precio, no sirven para terapia intensiva, no son para coronavirus. En todo caso pueden servir para transporte de pacientes", ilustró.
Flores subrayó que cada respirador "cuesta 6.000 euros pero nos han vendido a cada uno a cerca de 29.000 dólares. Para peor no funcionan, se entregaron incompletos, sin software, filtros y otros aditamentos que se necesitan".
Secuestran al juez
La investigación del escándalo de los ventiladores recayó en el juez Hugo Huacani, que "fue secuestrado" el viernes 23 de mayo, minutos antes de iniciar la primera audiencia con Navajas como principal acusado.
Murillo ahora también está acusado de secuestro, figura penal en la que el jerarca habría incurrido según el legislador del MAS. Tras varias horas retenido, el magistrado Huacani fue liberado, retomó su tarea y dispuso la prisión preventiva para el exministro de Salud y otros exfuncionarios.
La liberación de juez se dio en el marco de mucha presión social y política, y con la confirmación de que ni la Fiscalía General ni el Ministerio de Justicia habían iniciado ninguna acción penal ni solicitado su captura.
En este contexto, la misión en Bolivia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDC), llamó a las autoridades competentes para que realicen "una investigación pronta acerca de las causas y autores que llevaron a la aprehensión del juez con el propósito de evitar que estas acciones se repitan”.
El tigre y sus manchas
Flores afirmó que el caso de los ventiladores es uno más de los que rodean al Ejecutivo de Áñez, aunque no todos relacionados con la corrupción. "El Gobierno, en vez de trabajar en medidas sociales prefiere amedrentar con policías, militares. A gente que sale a comprar comida a la farmacia la lleva a cárcel", sostuvo.
Desde su perspectiva, las autoridades que tomaron el poder el 12 de noviembre luego de la renuncia obligada de Evo Morales no tienen un plan de gestión, sino una intención de revertir las políticas públicas y económicas desplegadas por el exlíder cocalero entre 2006 y 2019.
"Hay una improvisación permanente del Gobierno en cuanto a encarar el coronavirus (...) hasta ahora seguimos sin los kits para hacer pruebas masivas. No se han adecuado hospitales, a pesar de que hay hospitales construidos por Morales a los que solamente falta su adecuación y pueden entrar en operaciones, pero no lo quieren hacerlo por cuestiones políticas", denunció el entrevistado.
Flores señaló que el Ejecutivo de Áñez "no ha podido complementar la cuarentena con políticas sociales", incluso a pesar de que "hay gente que se está muriendo de hambre, protesta porque no tiene nada que comer y ha perdido su fuente de empleo".
Y las elecciones
A poco de ser impuesta como presidenta, Áñez aseguró que la convocatoria a elecciones se haría rápidamente. La instancia fue fijada para el domingo 3 de mayo.
"El plazo fenece el 2 de agosto. Esperamos que el Tribunal Supremo Electoral bajo sus facultades y competencias que le da nuestra constitución pueda emitir la convocatoria y fecha de elecciones", expresó el legislador boliviano.
Flores aseguró que, sin embargo, "el Gobierno actual interpuso un recurso de nulidad al Tribunal Constitucional para dilatar el proceso electoral (...) creemos que este tema de la crisis sanitaria va a ser resuelto por un Ejecutivo legítimamente elegido que tenga peso suficiente para adoptar políticas económicas y sociales acordes a las consecuencias del coronavirus".
