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¿Caridad para España o estrategia de Alemania? La UE reconcilia al norte y al sur con su plan de ayuda

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La Comisión Europea propone un segundo fondo de ayuda compuesto por transferencias de dinero directamente a los Estados y préstamos. Su estructura intenta atender a las demandas de tanto los países del norte como del sur. Su condicionalidad implicará en España reformas económicas de naturaleza aún vaga.

Con dos meses de retraso, la Comisión Europea por fin presentó su propuesta de ayuda para hacer frente a la crisis económica desatada por la pandemia de coronavirus. El fondo Next Generation UE habrá ahora de discutirse en el Parlamento europeo.

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Este proyecto de reconstrucción, denominado también de Facilidad para la Resiliencia y Reconstrucción, fue anticipado vía Twitter por el comisario europeo de Finanzas Paolo Gentiloni antes que por la presidenta de la Comisión, Ursula Von Der Leyen, y consiste en un fondo de 750.000 millones de euros, de los cuales los estados tendrán acceso a 500.000 mediante transferencias, y a los restantes 250.000 vía créditos. Bruselas liga su condicionalidad a "reformas". Italia y España son los países que podrán optar a las mayores cantidades. Al país ibérico pueden llegar a corresponderle hasta 140.446 millones de euros (77.300 en transferencias supuestamente a fondo perdido y 63.122 en préstamos).

Disponibilidad y duración

El plan de la Comisión Europea en principio conjuga las exigencias de los dos bloques formados en el seno de la UE por los países del norte (Holanda, Austria, Dinamarca y Suecia) y por los del sur (Portugal, Italia, España y Grecia).

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Los primeros, liderados por Holanda, se opusieron férreamente a toda ayuda que no implicara una dura condicionalidad en forma de reformas. Por el contrario, los países del sur pedían un acceso a la financiación más directa y audaz, sin trabas. La cantidad se corresponde con la propuesta acordada por Alemania y Francia (500.000 millones en transferencias a los estados), pero en todo caso es inferior al billón y medio que llegó a plantear España. La duración de este plan y su fondo es hasta el 31 de diciembre de 2024. El plan de la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen es derivar a los Estados 560.000 millones de los 750.000 captados en los mercados de deuda. Esto se hará mediante la emisión de bonos con un vencimiento máximo a 30 años, que habrán de devolverse entre 2028 y 2058.

En septiembre se podrán derivar 5.000 millones para las regiones más afectadas, otros 5.000 en apoyo de la solvencia de las empresas, y una cantidad todavía por dilucidar para la "acción exterior". El resto lo hará el 1 de enero de 2021, una vez se apruebe el presupuesto de la UE. En junio el Consejo Europeo dará la forma definitiva al plan antes de su paso por el Europarlamento para su ratificación.

Sobre la condicionalidad

Los préstamos representan el 33% del total de la ayuda del plan Next Generation UE. Esto quiere decir que la deuda de los países más necesitados (España e Italia) se incrementará en niveles superiores al 9% de su PIB, según estimaciones de la Comisión Europea.

Esta circunstancia podría dar pie a un relajamiento de las normas de competencia en la UE que acabará favoreciendo al país que está acaparando la mitad de las ayudas: Alemania. Da la impresión de que este país termina por beneficiarse también de un escenario que no era su preferido, pues en el fondo no simpatizaba tanto con la mutualización de la deuda como con la política de préstamos condicionados.

Ahora los fondos destinados a transferirse a los Estados, que de facto son de cohesión, se distribuirán de forma inhabitual a lo contemplado en el presupuesto de la UE, pues el reparto atenderá al impacto de la pandemia en cada país. Es un dinero que en realidad queda bajo la influencia de los mecanismos Semestre Europeo y  el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que establecen límites fiscales y piden reformas estructurales, lo que la opinión pública concibe como "recortes". Es decir, la condicionalidad ansiada por los países del norte podría estar implícita. En todo caso, Bruselas exige que ese dinero se invierta en proyectos para asegurar la transición digital y ecológica de la economía.

"Es muy curioso que esos 77.300 millones, en porcentaje de PIB, recuerden la caída, que en el escenario menos dañino, se ha previsto para España este año", declara a Sputnik el economista Santiago Niño Becerra, quien señala la posibilidad de que este dinero sean "subvenciones con un nivel de condicionalidad muy genérico: profundizar en el desarrollo digital y en el proyectos medioambientalmente limpios". 

"Y también es posible que gran parte de esos fondos acaben en la caja de corporaciones europeas en forma de compras de suministros, pero lo que tiene una verdadera importancia es que la prima de riesgo de España está controlada", afirma.

"Yo no lo acabo de ver", asegura este catedrático de la Universidad Ramón Llull de Barcelona.

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"Imaginemos que mañana llegasen los 63.000 millones del préstamo", continúa Santiago Niño. "¿Para qué se utilizarían? ¿De qué forma se invertirían para recuperar el PIB perdido en estos meses?", se pregunta retóricamente, para explicar a continuación que si se van dedicar a compensar las pérdidas de la economía española, "mal vamos". Este especialista apunta que la cuestión es extrapolable a todos los países del sur de Europa, "incluida Francia", y no comprende cómo podrán recuperarse los sectores que están sufriendo por la pandemia, como la hostelería o la automoción. "Y todo en una atmósfera de incertidumbre, tanto en relación al desempleo ya existente antes de que el virus llegara, como a los trabajadores que volverán a reincorporarse cuando finalicen los ERTEs".

"Es decir, esos fondos, independientemente de su nivel de condicionalidad, están orientados al futuro, y las pérdidas de PIB y de empleo que España ha tenido debidas a la COVID-19 han sido, básicamente, de sectores del pasado", concluye este economista.

Una ayuda en dos fases

En su primer acto, el plan de ayuda de la UE contempló 540.000 millones de euros distribuidos en tres partes: 200.000 millones de euros en avales para las empresas del Banco Europeo de Inversiones, 240.000 provenientes del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y otros 100.000 del programa SURE para financiar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

España cifra en unos 18.000 millones de euros la cantidad necesaria para financiar los ERTEs acometidos, si bien al país le corresponderían sólo unos 15.000 millones provenientes del SURE, a falta de conocer las condiciones del préstamo y la cifra exacta. La segunda fase de la ayuda son los 750.000 millones del Next Generation EU. El Ejecutivo comunitario los tomará prestados de los mercados financieros para "apoyar a los Estados miembros con inversiones y reformas para afrontar la crisis".

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