El PIT-CNT convoca a esta movilización por la defensa de la salud de la población, del trabajo y de los salarios e ingresos de la población, exigiendo la renta básica universal y en rechazo al paquete de medidas impulsadas por el Gobierno denominado Ley de Urgente Consideración, según Montevideo Portal.
La propuesta generó rechazo de movimientos sociales y del opositor Frente Amplio (izquierda), que señalan que implica un retroceso en diversas áreas.
El PIT-CNT considera que el debate debería girar en torno a cuáles son las mejores políticas para salvaguardar el aparato productivo con sus puestos de trabajo y de qué manera se puede mitigar el impacto sobre quienes están en peores condiciones para afrontar la crisis del COVID-19.
"En medio de una emergencia sanitaria por la pandemia ninguno de estos proyectos ataca los efectos sociales de la crisis; entonces nos preguntamos ¿qué es lo urgente en un contexto de emergencia sanitaria?", afirmó el PIT-CNT.
La vicepresidenta del PIT-CNT, Soraya Larrosa, aseguró que la concentración que el movimiento sindical realizará el 4 de junio será "una instancia fundamental" para marcar presencia en defensa de las reivindicaciones del movimiento sindical.
"Les pedimos a todos que se cuiden, pero que hagan el enorme esfuerzo de participar porque es mucho lo que nos estamos jugando y es necesario salir a la calle en defensa de nuestras reivindicaciones", subrayó.
El 14 de febrero, distintos analistas dijeron a Sputnik que la ley de urgente consideración podría generar un mayor conflicto social, que podría desencadenar en protestas como las que se observaron en algunos países de la región durante el año pasado.
Desde el Frente Amplio y algunas organizaciones sociales se cuestiona que la ley restringe el derecho a huelga, limita la negociación colectiva, "criminaliza la protesta social" y permite abusos por parte de la fuerza policial.
Si el texto es modificado, vuelve al Senado, que tendrá 15 días para analizarlo; en caso de no recibir cambios en la Cámara Baja, el articulado pasa a la Asamblea General (diputados más senadores), que contará con diez días para su discusión.
Si no hay pronunciamiento pasados esos diez días, el proyecto se considerará sancionado "en la forma en que lo votó la última cámara que le prestó expresa aprobación", según el artículo 168 de la Constitución.