"No hay ninguna relación (entre pandemia y aumento de la deforestación), el aumento es un proyecto del Gobierno a largo plazo, un proyecto de éxito", lamentó Astrini.
Según datos oficiales, en abril la deforestación de la Amazonía aumentó un 64% respecto al mismo mes del año pasado; se destruyeron más de 400 kilómetros cuadrados de selva.
Astrini recuerda que desde que Bolsonaro asumió el poder, en enero de 2019, bajó el número de operaciones de combate a la deforestación, el número de multas cayó, las agencias del Gobierno que se dedican a vigilar están bajo mínimos y sus responsables son públicamente desautorizados.
Ocurrió recientemente, cuando tras una megaoperación contra la deforestación en el estado de Pará (norte), el director del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama), Olivaldi Azevedo, fue destituido por haber sido incapaz de contener a su personal técnico.
No obstante, nada es más elocuente que las propias palabras del ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, quien en una reunión reciente, sin saber que estaba siendo grabado, dijo que había que aprovechar la pandemia para flexibilizar el máximo de leyes, ya que la prensa estaba centrada en el COVID-19 y así no habría tanto impacto en la opinión pública.
Para los especialistas como Astrini, este tipo de medidas son una "amnistía" para los deforestadores, ya que de forma indirecta incentivan que haya invasiones ilegales en tierras públicas, porque se genera la expectativa de que tarde o temprano serán regularizadas.
Astrini también considera un "maquillaje" la segunda fase de la llamada "Operación Verde Brasil", que ha movilizado a más de 3.200 militares de las Fuerzas Armadas en la Amazonía para el combate a la deforestación.
"No sirve de nada estar un mes en la Amazonía y dando privilegios a los delincuentes el resto de los meses del año, que es lo que hace el Gobierno", criticó.
En su opinión, este tipo de movimientos tienen más que ver con la preocupación con los mercados internacionales, que empiezan a amenazar con dejar de invertir en Brasil e importar productos del país si no hay un freno en la destrucción de la selva.
Por ello, espera que la UE se tome en serio los compromisos medioambientales que pregona y no firme el acuerdo como represalia.
"Si la UE firma el acuerdo comercial con un Gobierno que tiene este tipo de comportamiento lanza un mensaje equivocado (…) quien firme el acuerdo será cómplice de lo que pase en Brasil", advierte.
De momento, un estudio del Observatorio del Clima apunta que el aumento de la deforestación en la Amazonía hará que las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de Brasil suban este año entre un 10 y un 20%, a pesar de las paralizaciones provocadas por la pandemia.
En Brasil, la mayoría de emisiones están vinculadas a los usos del suelo; en 2018, último año con datos disponibles, el país emitió 1.900 millones de toneladas brutas de CO2, y este año se espera que sean entre 2.100 y 2.300 millones de toneladas, en función de lo que ocurra en la Amazonía.