"El ministro me dijo que el contrato era indecoroso y era una vergüenza; pero eso nos lo dijo a nosotros (y) estaría bueno que lo diga en el Palacio Legislativo frente a todos los parlamentarios", dijo a esta agencia Lust, del partido Cabildo Abierto (derecha), integrante de la coalición de Gobierno.
A pedido de esa agrupación, este miércoles los ministros de Economía y Finanzas; Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; Transporte y Obras Públicas, e Industria, Energía y Minería, comparecerán en el parlamento para que brinden detalles sobre el contrato entre el Estado uruguayo y UPM para la instalación de la planta de celulosa.
UPM confirmó el 23 de julio de 2019 que construirá una nueva fábrica de celulosa en el departamento de Durazno (centro), lo que supone una inversión de 2.700 millones de dólares; las obras comenzarán a mediados de 2022.
El acuerdo fue firmado entre el anterior Gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020), del Frente Amplio (centroizquierda), y representantes del nuevo mandatario, quien asumió el 1 de marzo, Luis Lacalle Pou, ya han adelantado que cumplirán con el contrato.
Las razones de Cabildo
Lust afirmó que es el contrato "más perjudicial para el país" en toda su historia, ya que Uruguay brinda un "montón de beneficios" a la empresa y no recibe nada a cambio.
"Acá fue todo oculto, el propio presidente Vázquez declaró el negocio como secreto, no sabemos quiénes fueron los negociadores de Uruguay. Todo eso se va a decir en sala y la gente se va a informar", aseguró.
Una de las condiciones excluyentes de UPM para instalar su segunda planta de celulosa fue que el Gobierno construyera una línea de ferrocarril para unir la ciudad de Paso de los Toros (centro) con Montevideo.
Lust sostuvo que 40.000 personas están siendo perjudicadas por el tren, debido a que su recorrido pasa por sus propiedades.
Por otro lado, el legislador afirmó que el Gobierno le da a UPM el manejo de la represa del Rincón del Bonete, que está ubicada en el Río Negro (centro) y que tiene el embalse con mayor capacidad del país, debido a que necesita 110 millones de metros cúbicos de agua por día para diluir los ácidos.
"Esta planta es absolutamente ilegal, principalmente porque en la Constitución se estipula que se puede exonerar tributos a las empresas por 20 años; en cambio, Uruguay firmó por 50"años, sostuvo el diputado.
Además, otra de las condiciones del contrato es que Uruguay debe construirle a UPM una línea de conexión eléctrica que sale 150 millones de dólares y la empresa finlandesa obliga a que el Estado, durante 20 años, le compre toda la electricidad que le sobra, explicó Lust.
"Con la energía que le sobra a UPM y que le Estado le compra, los finlandeses pagan la mitad de la fábrica de una sola vez; el Gobierno anterior decía que no. Yo quiero preguntarle al ministro de Energía si eso es así o no", agregó.
El proyecto de UPM busca producir entre 1,9 millones y 2,4 millones de toneladas anuales de celulosa a partir de madera en una central instalada en régimen de zona franca.
