En concreto, la querella del sindicato policial acusa al Ministerio de Sanidad de "ignorar sistemáticamente las disposiciones de la OMS" sobre la pandemia.
En ese sentido, el escrito recuerda que hasta el 14 de marzo se permitió en España "la celebración de eventos multitudinarios" sin que en ellos se tomara "ningún tipo de medida para evitar el contagio".
La querella destaca que entre el 6 y el 8 de marzo se celebraron muchas concentraciones con motivo del día de la mujer, pero también partidos de fútbol, mítines y conciertos.
En cuanto a la falta de protección, JUPOL califica como algo "incuestionable" que hubo una escasez de material "relacionada con la falta de previsión de las autoridades responsables de la seguridad y la salud de los agentes".
Entre las personas querelladas destacan figuras como José Manuel Franco —delegado del Gobierno en Madrid, imputado en una causa donde se investigan las manifestaciones feministas— y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, principal portavoz del Ministerio de Sanidad durante la crisis del coronavirus.
Del mismo modo, la querella se dirige contra el subsecretario de Estado de Sanidad, la directora general de Salud Pública, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez e incluso varios altos cargos de la Policía Nacional.
En las últimas semanas se sucedieron los ceses y dimisiones en el cuerpo a cuenta de la elaboración de un informe encargado por la jueza que investiga si la delegación del Gobierno en Madrid incurrió en un delito de prevaricación al permitir las manifestaciones del 8-M.
La comandancia de la Guardia Civil en Madrid elaboró un informe en el que se usan recortes de prensa descontextualizados e incluso bulos circulados por redes sociales para argumentar que el Gobierno permitió las manifestaciones por interés político pese a conocer la situación de riesgo sanitario.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cesó al encargado de la comandancia por falta de confianza al no informar de la existencia de ese informe a sus superiores, abriendo una crisis interna que según los partidos de la oposición debe saldarse con su dimisión por injerir en asuntos judiciales.
