A pesar de tener únicamente células delictivas locales sin gran poder, Uruguay presenta la cuarta tasa de homicidios más alta de América del Sur, con 11,8 por cada 100.000 habitantes, mientras que Montevideo es la segunda capital con más asesinatos de la región.
Pero además de la preocupación que genera una seguridad pública cada vez más deteriorada, con al menos 25 años de incremento sostenido de los delitos violentos, uno de los mayores temores es que organizaciones criminales como el Primer Comando de la Capital (PCC), la más grande de Brasil, se extiendan al país y entren en contacto con los pequeños grupos locales.
"En Brasil tenemos algunos grupos criminales que son muy poderosos. Es común que grupos más pequeños de otros países se vinculen con grupos grandes. En el mundo criminal el miedo que vos generes es importante. Ese sería el mayor riesgo para Uruguay", afirma a Sputnik el doctor en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid y especialista en políticas de seguridad, Diego Sanjurjo.
En julio de 2019, la Agencia Brasileña de Inteligencia y la Fiscalía Letrada Penal de Montevideo de Estupefacientes, lograron mediante escuchas telefónicas la desarticulación de la primera célula del PCC en Uruguay.
También mediante intervenciones telefónicas se conoció la existencia de al menos 84 miembros de esta temible agrupación en territorio uruguayo.
El PCC, que opera en Brasil, Paraguay, Bolivia y Colombia, se dedica al tráfico de drogas y armas, especialmente en las regiones fronterizas, y también al robo de cargas y contrabando de combustible.
Leña al fuego
Por su parte, la socióloga Clara Musto, docente de la Universidad de la República (Udelar), dijo a esta agencia que generalmente las organizaciones criminales a gran escala nacen en las cárceles.
"A veces cuando la respuesta del Estado es mandar preso a todo el mundo, ahí terminan detenidas personas que estaban más integradas, que vendían droga a los amigos, pero además tenían su trabajo formal; si vos a esa persona la metés presa y la tenés cinco años privada de libertad, va a ser sujeto de extorsión por parte de otros presos. Eso habilita la aparición de mafias y delito organizado", explica la especialista.
Investigadora del Núcleo de Análisis de la Criminalidad y la Violencia (Nacvi), de la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar, Musto puso como ejemplo los comandos que se desarrollaron adentro de las cárceles en Brasil.
"En Uruguay puede llegar a haber una historia parecida si no se mejoran las condiciones adentro de las cárceles. Si se aumentan los mínimos carcelables para los delitos de drogas, como el Gobierno pretende hacer, lo que se hace es echar más leña al fuego. Con la represión solo se sigue alimentando a la violencia", reflexionó.
Uruguay tiene una de las tasas de privados de libertad más altas de la región, con 340 presos cada 100.000 habitantes.
Según los últimos datos de la oficina del Comisionado Parlamentario Penitenciario, a fines de abril había en Uruguay un total de 12.016 privados de libertad.
El mercado
Ambos especialistas coinciden en destacar que en las últimas décadas Uruguay ha presentado una demanda "pujante" de todo tipo de bienes ilegales, lo que hace que florezcan los mercados de drogas.
"Una pregunta que sería importante que Uruguay pudiera contestar es: ¿Cuál es el tamaño del mercado? El narcotráfico no es solo una realidad local, y también hay mercados internacionales donde Uruguay tiene roles importantes, como (el de ser una) plaza de lavados de activos", explica Musto.
Aunque en Uruguay no se avizora el desarrollo de una agrupación con el poder y la organización del PCC, o similares, su cercanía supone una señal de alerta para las nuevas autoridades, que asumieron hace apenas tres meses y ya han visto, incluso en plena pandemia, un aumento de los homicidios respecto al mismo periodo de 2019.