Autonomías españolas protestan por el reparto de 16.000 millones de ayuda gubernamental

La última Conferencia de Presidentes, órgano de cooperación política entre el Gobierno de España y los dirigentes de sus regiones y ciudades autónomas, celebrada el 7 de junio por videoconferencia, arrojó como resultado un cambio de criterio para el reparto a fondo perdido de 16.000 millones de euros de ayuda a las comunidades autónomas.

La idea inicial era repartir el dinero en función del daño ocasionado por la pandemia en los distintos territorios; es decir, de acuerdo con los gastos incurridos para atender la contingencia sanitaria. Pero ahora el principio que regirá el reparto será el peso poblacional, por lo que las autonomías más pobladas en principio se verán más favorecidas. La medida busca así compensar los gastos que la pandemia de coronavirus ha ocasionado durante los últimos tres meses. Algunos dirigentes regionales se muestran disconformes, como Quim Torra y Emiliano García-Page, presidentes autonómicos de Cataluña y Castilla-La Mancha, respectivamente. Otros, como el presidente valenciano, Ximo Puig, están de acuerdo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicó en rueda de prensa posterior a la Conferencia de Presidentes que con el nuevo criterio se desea "reflejar con la mayor realidad posible el impacto de la pandemia". El reparto se consignará mediante un real decreto-ley el próximo 16 de junio y se distribuirá en cuatro tramos durante los meses de julio, septiembre y noviembre.

Una ayuda en cuatro tramos

El gasto sanitario ocupará los dos primeros tramos. El Gobierno transferirá en julio 6.000 millones de euros a las comunidades autónomas en consonancia con un "criterio representativo". Y en noviembre percibirán otros 3.000 millones.

El tercer tramo ascenderá a 2.000 millones y se plantea ahora como "inversión" en educación pública, no como gasto social. Se abonará en septiembre. Para el último tramo se dedicarán 5.000 millones para paliar la caída de los ingresos de las arcas públicas a causa de la paralización de la economía durante el periodo de confinamiento. Pero de esta última transferencia, 800 millones de euros se destinarán a compensar la disminución de la facturación de los servicios de transporte público, como autobuses, trenes de cercanías y metro. Con el cambio de criterio, el porcentaje de población protegida por el fondo para Sanidad en su primer tramo de 6.000 millones se incrementa de un 20% a un 35%. Y pasa del 40% al 45% en el segundo tramo. En cuanto al fondo de 2.000 millones para Educación, el 80% va dirigido a los menores de 0 a 16 años de edad, mientras que el 20% restante se otorga para los jóvenes entre 16 y 24 años.

Discrepancias y avenencias

Desde la comunidad castellano-manchega se señala que el criterio está "mal" y es "injusto" porque "se deben contar los casos reales, no los posibles casos futuros". Castilla-La Mancha cuenta con apenas dos millones de habitantes. En cambio, la Comunidad Valenciana, donde la incidencia de la pandemia ha sido menor, tiene una población de cinco millones.

Hay que entender que en el planteamiento original y en lo que al abono de la primera cantidad para gasto sanitario se refiere, los ingresos en la UCI de cada autonomía pesaban un 35% y el número de pacientes hospitalizados otro 25% (un 60% en total). Los casos de contagio confirmados por pruebas PCR significaban un 20%. El 20% restante atendía al dato de población. Además, el Ministerio de Hacienda aceptó que el dato sobre los PCR no fuera únicamente el de las pruebas que dieron positivo, sino el número total de pruebas realizadas con independencia del resultado.

Cataluña también ha discrepado del nuevo método de distribución del fondo. Su presidente, Quim Torra, estima que el Gobierno central será "responsable de asfixiar a Cataluña y entorpecer la recuperación económica". Por su parte, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se queja de que el reparto no atiende al requerimiento de las comunidades que, como la suya, han efectuado un mayor gasto en pruebas de diagnóstico. No obstante, su opinión al término de la reunión fue "favorable". Otros dirigentes autonómicos, como la presidenta del archipiélago balear, Francina Armengol, convienen en que el reparto de los fondos se atenga a una "suma de criterios" (gasto sanitario, población y educación), por lo que estima muy conveniente la transferencia de 2.000 millones de euros al fondo educativo.

Más conferencias que nunca

En los últimos tiempos este órgano ha tenido una actividad inusitada. Desde su creación en 2004 hasta la entrada en vigor del estado de alarma en España con motivo de la pandemia, la Conferencia de Presidentes se había celebrado en seis ocasiones. Pero habida cuenta de la crisis sanitaria, desde el pasado 15 de marzo este órgano se ha reunido con una periodicidad semanal, hasta 13 veces.

Con la entrada de la mayor parte del país en la fase 3 de desescalada de las medidas de confinamiento, hasta 11 autonomías obtendrán un control pleno sobre sus territorios, dentro de los cuales estará permitido moverse libremente entre las provincias que los conforman. De momento impera el criterio del Ministerio de Sanidad, que excluye la libre circulación entre los distintos territorios autonómicos. El presidente vasco, Íñigo Urkullu, quiere ir más allá y busca reivindicar junto con sus colegas de Cantabria, Navarra y La Rioja (todas limítrofes con el País Vasco) la libre circulación entre estas cuatro autonomías a partir del 15 de junio.