"Hoy se le pasó el cuaderno de investigaciones y el fiscal asignado al caso tomará inicio de las investigaciones ante el juez de garantías constitucionales", anunció el fiscal departamental Marco Antonio Cossío.
La demanda contra los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Fernando López, fue presentada el 5 de junio por siete diputados del Movimiento Al Socialismo encabezados por el parlamentario Franklin Flores, tras unas denuncia periodística de presuntos sobreprecio y tráfico de influencias en la compra.
La admisión de la demanda resultaba además llamativa porque una suerte de amenaza del ministro Murillo al periodista fue interpretada por organismos locales e internacionales de derechos humanos como un ataque a la libertad de expresión y al derecho a la información.
El periodista Junior Arias de la red de televisión Gigavisión exhibió documentos de la compra de gases lacrimógenos realizada en diciembre pasado, menos de un mes después de que se instalara el actual Gobierno transitorio.
El diputado Flores dijo al presentar la demanda que los ministros deberían ser procesados por delitos de tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado.
