"A don Josep Lluís Trapero procede imponer las penas de 10 años de prisión, 10 años de inhabilitación absoluta, con la consiguiente privación definitiva de todos los honores, empleos, y cargos públicos", recoge el escrito del fiscal Miguel Ángel Carballo.
La Audiencia Nacional reanudó este 8 de junio el juicio contra el mayor de los Mossos d'Esquadra —la Policía autonómica catalana— que había quedado suspendido por la pandemia del coronavirus.
En una breve sesión, el fiscal comunicó una rebaja de la acusación inicial de rebelión a un delito de sedición, por el que solicita para el mayor diez años de cárcel y diez años de inhabilitación de cualquier cargo público.
El fiscal pide la misma pena para otros dos acusados, el exdirector de los Mossos, Pere Soler, y el responsable segundo del departamento de Interior en Cataluña, César Puig.
Finalmente, para la intendente Teresa Laplana del cuerpo de los Mossos solicita cuatro años de cárcel por un delito de sedición, con la alternativa de un año de inhabilitación.
La Fiscalía española llegó a la conclusión de que Trapero y el resto de acusados no pueden ser condenados por rebelión, ya que el Tribunal Supremo rebajó a sedición la condena contra los líderes políticos independentistas por los mismos hechos.
Sin embargo, la fiscalía considera a Trapero responsable de una inacción por parte del cuerpo de los Mossos, que no impidieron el transcurso de una jornada de votación en la que participaron miles de ciudadanos partidarios de la independencia.
"El día del referéndum, el cuerpo de los Mossos d'Esquadra, siguiendo las indicaciones de los acusados, mantuvieron en general una actitud pasiva e intencionadamente tolerante con la votación", recoge el escrito.
El Ministerio Público defiende que algunos agentes de la Policía catalana llegaron a trabajar para "impedir o dificultar" las tareas de los efectivos de los cuerpos españoles de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
En esa fecha, todas las fuerzas policiales estaban obligadas a actuar de forma conjunta y coordinada para impedir la votación ilegal, por orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
El fiscal también responsabiliza a Trapero de no frenar las previas manifestaciones del 20 de septiembre, que trataron de impedir los registros de la Guardia Civil en sedes del Gobierno catalán para desarticular la organización del referéndum.
El mayor de los Mossos defiende en todo momento su inocencia y niega simpatías con las acciones del Gobierno independentista de Puigdemont, que conllevaron condenas de entre 9 y 13 años de prisión para sus principales líderes.
