El 2 de julio del 2012 Rosaura Almonte Hernández, conocida como Esperancita, fue diagnosticada con leucemia aguda tras ingresar de urgencia a un hospital de la capital Santo Domingo.
En República Dominicana el aborto está prohibido en todos los casos, incluyendo el riesgo de vida de la gestante o del feto. La adolescente murió el 17 de agosto; el tratamiento había sido retrasado hasta la semana 12 de gestación.
El caso fue presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el año 2017 y ahora fue admitido.
"En República Dominicana se han intentado varios recursos a nivel interno para tener justicia a nivel nacional. Se denunció al personal de salud que participó en el tratamiento y al hospital de la red de salud pública, pero ante esta falta de respuesta llevamos el caso a la CIDH, donde fue admitido", dijo a En Órbita Selene Soto Rodríguez, abogada de Women’s Link Worldwide, organización que representa a la familia.
El Código Penal del país caribeño establece penas de hasta dos años para las mujeres que aborten y hasta 20 para los profesionales que lo realicen. En el caso de Esperancita, ella, su pareja y su madre debieron firmar un consentimiento en el que el hospital deslindaba su responsabilidad ante lo que sucediera producto de la quimioterapia.
La CIDH confirmó que analizará los hechos "en un contexto de discriminación estructural de género en el país".
"Este no es un caso aislado, sino que forma parte de una situación estructural de negación de acceso a servicios de salud reproductiva en República Dominicana", afirmó la abogada de la organización que representa a la familia de la víctima.
La despenalización del aborto no ha estado ausente del debate político. Soto afirmó sobre este punto que "ha sido una gran apuesta del movimiento feminista en el país, pero no han habido resultados concretos más allá de algunas voluntades políticas".
Ante la pandemia del COVID-19, organizaciones civiles que trabajan con derechos de las mujeres y niñas han cuestionado la dificultad extra para acceder a la atención sexual y reproductiva.
Escuchas ilegales en Argentina
El expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019) fue imputado en una causa judicial por haber ordenado espiar a políticos, periodistas y activistas sociales y hasta a figuras de su propio partido político durante su mandato.
Los documentos incluían fotografías, nombres, instituciones donde se desempeñaban los ciudadanos espiados e información de sus publicaciones realizadas en redes sociales. También se hallaron datos personales de sindicatos, cuentas bancarias y hasta propiedades familiares.
"Creo que espiaban a todo un espectro para luego hacer operaciones en la prensa y compensar de alguna manera la debacle económica de su política orientada hacia los sectores más privilegiados", dijo a En Órbita el periodista argentino Raúl Kollmann.
La noticia causó repudio de organizaciones de periodistas, políticos y en buena parte de la población. En su conversación con En Órbita, Kollmann definió a este episodio como "vergonzoso".
"El aparato judicial juega para los poderosos, y estos no son los que están en un Gobierno o en otro, sino que es en los grandes empresarios y los grandes medios donde realmente está el poder. Yo creo que los jueces, en su gran mayoría, siguen jugando para este poder", sentenció el periodista.
Más confusión en Brasil
La publicación entre uno y otro fue en un intervalo de dos horas, lo que generó la indignación de gran parte del sistema político y de la población que se manifestó en las calles.
El primer balance informó un total de 37.312 muertes, unas 1.382 más que la víspera. El segundo reflejaba 525 víctimas fatales en las últimas 24 horas y mencionaba el total de fallecidos por la pandemia.
"Esto es una especie de censura, maquillar la información sobre la incidencia del coronavirus en el país. Se señaló [desde el Centro de Operaciones de Salud e Inteligencia] que los casos de infectados pueden ser 12 veces más de los que son anunciados, lo que impacta el cálculo del número de muertes", dijo a En Órbita José Reinaldo Carvalho, director del Centro Brasileño de Solidaridad con los Pueblos y Lucha por la Paz.
Sobre la polémica tras estos informes contradictorios, el entrevistado dijo que "la peor repercusión no solo es internacional, sino también interna. La comunidad científica y medios de comunicación que antes apoyaban a Bolsonaro ahora lo critican por su actitud anticientífica. Su Gobierno puede sufrir penalidades judiciales por negar informaciones esenciales a la protección a la vida", consideró Carvalho.
Brasil, con unos 210 millones de habitantes, es el segundo país en número de contagios y el tercero por fallecidos por COVID-19.
Estas y más noticias en En Órbita. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.
