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Espionaje del Gobierno de Macri: qué delata el archivo revelado por Inteligencia argentina

© AP Photo / Natacha PisarenkoMauricio Macri, expresidente de Argentina
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Más de 400 periodistas y referentes fueron incluidos en fichas donde se los catalogó según su orientación ideológica durante las cumbres de la OMC y del G20 realizadas en Argentina, en 2017 y 2018 respectivamente. Además, revelaron investigaciones ilícitas con el uso de infiltrados a eventos disidentes.

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Argentina, días después de denunciar por espionaje ilegal al expresidente Mauricio Macri (2015-2109) y a la cúpula de este organismo durante su gestión, volvió a apuntar sobre el accionar de sus antecesores al revelar nuevas pruebas en su contra.

Por un lado, la AFI publicó documentación que reveló que los servicios de Inteligencia y Seguridad realizaron informes detallados con información confidencial y personal sobre integrantes de organismos no gubernamentales, académicos y referentes sociales en el contexto de la cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC), organizada en el país a fines de 2017.

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"Lo que el Gobierno de Macri hizo fue investigar a cada una de las personas, especialmente a los ciudadanos argentinos que pedíamos acceder a la reunión ministerial de la OMC, armar expedientes con nuestro historial político y académico y sacar conclusiones sobre la peligrosidad de dejarnos entrar", dijo a Sputnik Luciana Ghiotto, docente universitaria e investigadora, quien fue elegida como blanco del espionaje.

Académica especializada en economía política internacional y participante de organizaciones y movimientos políticos internacionales que promueven un sistema económico y financiero global más justo, Ghiotto fue señalada como referente altermundista y opositora a la OMC y el G20, según el expediente que se confeccionó sobre su persona, y denegada de participar.

"Estamos evaluando llevar adelante acciones legales porque han mancillado mi nombre, han generado una carpeta con datos personales privados y públicos míos para poder ser utilizados en mi contra y por cuestiones netamente políticas, lo cual es una práctica peligrosa y que no puede ser permitida en democracia", enfatizó.

En este caso, el espionaje sobre estas personas incluyó fichas con datos personales como propiedades, vehículos y sociedades a sus nombres, cuentas de correo y bancarias y vinculaciones de parentesco.

Espías infiltrados y periodistas fichados

En segundo lugar, la AFI delató el uso de agentes infiltrados en plenarios públicos organizados por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), que forma parte del Frente de Izquierda-Unidad, para manifestar el repudio a la cumbre comercial y las políticas económicas neoliberales profundizadas por el Gobierno de Macri.

​En paralelo, se hizo pública una polémica lista de más de 400 periodistas, empresarios y académicos que solicitaron acreditación para la cumbre mundial de líderes del G20, realizada en diciembre de 2018 en Buenos Aires, confeccionada por el Ministerio de Seguridad y encontrada en una caja fuerte de quien fuera director operativo de Contrainteligencia de la AFI durante la Administración pasada.

Los integrantes del listado fueron clasificados según su orientación ideológica y grado de cercanía al oficialismo basándose en el tono de sus trabajos, el medio que representaban y las publicaciones y afinidades que demostraban en sus redes sociales. La ficha les adjudica uno de los colores del semáforo (verde, amarillo o rojo) para identificar el grado de simpatía.

​El presunto espionaje ilegal de la AFI macrista fue denunciado por los medios nacionales e internacionales y la Asociación de Corresponsales Extranjeros en la Argentina (Acera) reclamó a la Justicia que investigue a fondo.

La denuncia de la AFI inculpa, además de a la cúpula de este mismo organismo durante la gestión anterior, a la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hoy presidenta del partido político Pro, fundado por el expresidente Macri y principal fuerza de oposición actual.

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En entrevista televisiva, Bullrich justificó el procedimiento y aseguró que el total de personas investigadas siguiendo los protocolos de Seguridad en el marco del G20 podrían llegar a las 15.000 personas, incluidos todos los empleados y proveedores del evento, además de los vecinos del barrio donde se ubican los hoteles en los que se alojaron los mandatarios.

La Ley de Inteligencia Nacional establece que ninguno de sus organismos puede "obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción".

La pista narco

La revelación se suma a la denuncia de espionaje ilegal que llevan adelante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal federal Jorge Di Lello, quienes ya ordenaron realizar un peritaje sobre un disco rígido encontrado en la AFI que presuntamente albergaba correos electrónicos de más de 80 personalidades mediáticas, políticas y empresariales, que habrían sido obtenidos de forma ilícita durante la gestión anterior.

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A esto se suma una investigación a partir de la confesión de un supuesto narcotraficante detenido en febrero pasado, quien habría asegurado haber sido reclutado por un abogado que respondía a la AFI para realizar trabajos criminales, como implantar artefactos explosivos.

El abogado en cuestión está detenido y en su celular se descubrieron archivos con información sobre aparentes investigaciones ilegales a personalidades como los expresidentes Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) y Eduardo Duhalde (200-2003), los actuales jefe y vicejefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, entre otros dirigentes de todo el arco político, además de referentes gremiales, clericales y periodísticos.

La actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, fue citada el 8 de junio por el juez que lleva adelante la causa, quien le presentó la información recabada sobre su persona. El jefe de Gobierno porteño, Rodríguez Larreta, uno de los principales dirigentes de la oposición a nivel nacional, fue citado para el 9 de junio.

En proceso de investigación se encuentran además las escuchas ilegales que se habrían realizado en la cárcel de Ezeiza, denuncia que está en manos de la Justicia federal. Se acusa a los servicios de Seguridad de intervenir teléfonos e implantar micrófonos en celdas y salas donde se reunían con sus abogados exfuncionarios y empresarios procesados con prisión preventiva durante el Gobierno de Macri.

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