La sostenibilidad arde en las plantas de reciclaje

España es un país que tiene un serio problema con su basura. El reciente caso del vertedero de Zaldibar (Vizcaya), donde el 6 de febrero un corrimiento de toneladas de residuos sepultó a dos trabajadores del recinto, es un claro ejemplo. La investigación de la Ertzaintza aprecia ahora "indicios de criminalidad" en la gestión de esta instalación. No es, ni mucho menos, un caso aislado.

Según la investigación, el vertedero habría estado gestionando residuos para los que no tiene autorización. El colapso de Zaldibar vino seguido de varios focos de incendios. Estos fuegos se suman a una larga lista de sucesos en los que los residuos son caudalosos, su gestión ambiental es fraudulenta y las repercusiones sanitarias para las personas son nocivas, por mucho que las autoridades tranquilicen a los vecinos cuando una columna de humo ronda su  horizonte.

Nombres como Miramontes, a pocos kilómetros de Santiago de Compostela, en mayo; Xixona (Alicante) en marzo; Llíria (Valencia) en febrero; Montornés del Vallés (Barcelona) en diciembre, por echar la vista atrás en los casos más sonados y recientes, se suman a una larga lista de incendios presuntamente accidentales en residuos. Vertederos o plantas de reciclaje, son cada vez, sospechosos habituales en las tramas de llamaradas.

Según algunos cálculos, en España se han producido más de 300 incendios de estas características en los últimos 8 años, como sintetiza blogSOStenible en una lista en la que se mezclan, como alertan los profesionales del sector, casos accidentales con otros que arrojan serias sospechas de fraude y sucesos de plantas ilegales con plantas reguladas.

Una lista tan extensa y heterogénea de incendios, en cualquier caso, deja poco margen al pensamiento positivo. La propia Fiscalía de Medio Ambiente investigó los más de 50 incendios de 2017, años antes, la Comisión Europea había llevado a España ante el Tribunal Superior de Justicia, precisamente por la gestión de residuos.  A pesar de los accidentes, que los hay, piensa mal y acertarás, se suele decir en el mundillo y este 2020 de la pandemia, no tiene por qué ser una excepción en esta dinámica creciente.

"Desde 2016, la progresión es claramente ascendente. Por ponerte un ejemplo, el año pasado para estas fechas llevábamos 19 incendios, según mi contabilidad, y este año ya sumamos 25", analiza el ambientalista Fernando Follos Pliego, que desarrolla un exhaustivo análisis de la aparición de llamas procedentes de focos residuales, "preveo que este verano va a ser una auténtica debacle, ojalá me equivoque".

¿Por qué prenderle fuego?

Aunque haya accidentes y la actividad en la gestión también ha aumentado en los últimos años —no proporcionalmente a los incendios—, hay motivos para sospechar. Follos detalla factores significativos, "suelen suceder de madrugada, en días festivos, con una distribución geográfica muy polarizada, con incrementos marcados por eventos en el tiempo que afectan al sector —por ejemplo, cierre del mercado chino— esto, parecen apuntar a que podría existir un cierto porcentaje de intencionalidad".

"A veces se da la impresión de que nuestro negocio es quemar los residuos y nada más lejos de la realidad, nosotros somos los primeros perjudicados cuando hay un incendio" lamenta Julio Lorente, responsable jurídico de la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER), un paraguas bajo el que se articulan casi 500 gestoras de residuos, sobre todo de materiales férricos y electrónicos.

"Todos estos incendios son un golpe muy duro, ten en cuenta que nosotros pagamos por el residuo, lo procesamos y luego lo vendemos a un precio superior. Cuando se quema, pierdo todas esas posibles ganancias, a lo que hay que añadir el parón en las instalaciones y sobre todo el riesgo para el equipo".

Pero entonces, preguntamos a Lorente, ¿por qué esta práctica, por qué existen los incendios?

"Eso es una cuestión que compete a las instalaciones no autorizadas, algo en lo que normalmente no se repara cuando se notifica un incendio en los medios de comunicación. Las llamas solo le convienen al empresario que está en situación ilegal, el ejemplo más paradigmático es el incendio de neumáticos de Seseña", una instalación ilegal que, a lo largo de años, recibía residuos que acumuló en un extenso terreno entre Castilla la Mancha y Madrid.

Cuando movimientos ambientales y administraciones consiguieron presionar al empresario, misteriosamente el vertedero de neumáticos más grande de Europa prendió sin más remedio en 2016, pasando a la historia de los mayores desastres ambientales de Europa.

Muchas plantas de reciclaje son meros vertederos. Y, como denuncian desde la FER, existen muchos agentes ilícitos en el mercado que generan una competencia desleal. Un sencilla búsqueda en las fuentes abiertas de la comunidad de Madrid nos lleva a constatar la ausencia de gestores especializados que aparecen directamente en google ofreciendo sus servicios, como es el caso de esta planta de reciclaje de Leganés cuya facturación es millonaria. Tras varias intentos, Sputnik no ha conseguido contactar con la gerencia. Hermanos Huang oferta unos servicios de gestión de residuos y chatarra, su web anuncia explícitamente que "En España tenemos gran planta de reciclaje, tambien en GuangDong de China tenemos gran patio con instalacion de importacion,laboreo, venda como uno".

No obstante, Hermanos Huang no está entre los gestores legalizados por la Comunidad. Oficialmente, China prohibió en 2018 la importación de residuos.

Desde la FER señalan que llevan años exigiendo más inspecciones a las administraciones que, normalmente, ofrecen una respuesta lenta a estas prácticas, "los planes de inspección de las comunidades autónomas solo afectan a las plantas regularizadas, pero no incluyen en sus visitas a las ilegales, por lo tanto, actúan a sus anchas". Las competencias para cerrar las instalaciones son de los Ayuntamientos, pero las autoridades sancionadoras son las comunidades autónomas. "La ley de residuos y suelos contaminados no se está implementando por las comunidades autónomas. Si se quiere cerrar una instalación, lo que pasa, es que se tardan años en hacerlo", concluye Lorente.

Muchas de las plantas de reciclaje, repartidas por el país, que apalancan residuos a lo largo de hectáreas, a menudo sin ningún control, simplemente esperan al momento oportuno para, o bien gestionar el material cuando las oscilaciones del mercado lo hagan más rentable, o bien no hacerlo, lo que podría implicar deshacerse del mismo.

"En este mundo se trabaja con márgenes muy estrechos", explica Follos, "se manejan precios por toneladas con muy poco margen de maniobra. En algunas ocasiones sale mejor marear el residuo, mezclarlo con flujos más baratos, abandonarlo, almacenarlo en un punto y prenderle fuego, etc".

Aunque la Ley establecía que el responsable del reciclaje es el propio productor, este simplemente vende el residuo a un especialista que lo compra y que habitualmente lo revende en función de los valores del mercado. Follos señala al funcionamiento del sistema de externalización de responsabilidades como causante, "el problema principal es pagar por adelantado por una gestión de un residuo que deja de ser tuyo para que un tercero lo gestione... Esto fomenta además la guerra de precios y el pillaje y acaba con la jerarquía de gestión de residuos".

Con cientos de incendios normalizados en todo el mapa español, un mercadeo en ocasiones internacional de residuos reciclables, unas administraciones lentas de cara al control y un mercado que no para de crecer, cada vez acumulamos y generamos más residuos, es normal que las aseguradoras hayan echado el freno, llegando a cobrar 4 veces más por sus pólizas. Muchos incendios tienen la calificación de "fortuitos", esto provoca el encarecimiento de los seguros que debilita más aún a las empresas que operan dentro de las legalidad y, por lo tanto, están aseguradas. La deriva es tal que en 2018,  la Fiscalía exigió  "especial rigor" en los informes jurídicos penales de los incendios para evitar, precisamente, ese carácter "fortuito".

Con el Horizonte 2030 asomando la patita y los compromisos de sostenibilidad europeos presionando, el Gobierno acaba de presentar el anteproyecto de Ley de Residuos. El nuevo documento ofrece garantías específicas para el sector y, sobre todo, propone erradicar la economía lineal del usar y tirar por la circular. El efecto más inmediato en nuestras vidas estará en los plásticos de un solo uso y microplásticos, prohibidos y con un nuevo gravamen fiscal.

En lo que compete a los vertederos y el riesgo de incendios, hay medidas explícitas para asegurar la trazabilidad de los residuos y evitar que se dispersen, como sucede ahora, sin garantías de seguridad.  El texto revisa el régimen sancionador, será́ considerado muy grave el abandono, incluido el de la basura dispersa (littering), el vertido y la gestión incontrolada de residuos peligrosos, las sanciones pueden llegar a los 2 millones de euros.

Por otro lado, se crea una jerarquía específica por la que la eliminación en vertedero sea "la última opción" en la gestión del residuo, un claro mensaje a los gobiernos locales y se llevan a cabo enmiendas fiscales. Hasta ahora, España tenía, según datos de 2017, el quinto porcentaje más bajo de fiscalidad verde, tan solo suponía un 1,83% del PIB.

Las nuevas medidas del anteproyecto, son en general bien recibidas por el sector, pero a la vez, calificadas de poco realistas. Administraciones, sector privado y ciudadanía tienen muchos deberes que hacer, pero la sostenibilidad, sigue siendo un elemento demasiado accesorio en nuestra cultura.

​Basta revisar nuestra gestión durante la pandemia, "cuando ves cómo todo lo andado en materia de plásticos de un solo uso se tira por tierra en dos días, con el mar lleno de mascarillas y guantes" sintetiza el ambientalista Fernando Follos, "te das cuenta que no tenemos remedio".