La semana pasada, cuando los boletines diarios del Ministerio de Salud empezaron a llegar entrada la noche, y no por la tarde, como era habitual, el presidente ironizó: "Se acabaron los reportajes en el 'Jornal Nacional'". Se refería al noticiero de la noche del cadena Globo, el más visto del país, que igual que el resto de televisiones o los periódicos del día siguiente, ya no podrían usar los datos oficiales debido a esa tardanza.
Las sospechas sobre una supuesta "operación maquillaje" cobraron aún más fuerza el 7 de junio, cuando el ministerio informó de 1.382 muertos en un día, y poco después dijo que eran 525. Además, Gobierno ya no ofrece el desglose detallado por estados como hacía antes, ni el número total acumulado desde el inicio de la pandemia.
De forma oficial, el Ministerio de Salud asegura que está trabajando en una nueva metodología que pondrá en marcha en los próximos días y cuya principal novedad es que cada día no se divulgarán las muertes que se hayan confirmado por COVID-19 esa jornada (aunque la persona hubiera fallecido en días anteriores), sino únicamente los decesos producidos efectivamente ese día.
Las críticas por parte de la oposición y de los líderes del Congreso Nacional no se hicieron esperar: los secretarios de Salud de los gobiernos de los 27 estados del país remarcaron que seguirán divulgando la totalidad de los datos y los principales medios de comunicación lanzaron una iniciativa inédita para trabajar de forma conjunta y recopilar información con los estados para elaborar un boletín propio y difundirlo cada día antes de las 20.00.
El presidente del Senado, Davi Alcolumbre, aseguró que el Congreso Nacional dejará de tomar como referencia los datos del Gobierno, y el presidente de la Cámara de los Diputados, Rodrigo Maia, aplaudió la iniciativa de la prensa y dijo que pasarán varios días "hasta que se restablezca la confianza en el trabajo del ministerio de Salud".
Finalmente, tuvo que intervenir la Justicia: el juez Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo Federal, acogió una petición de la oposición y ordenó que el Gobierno volviera a divulgar los datos como hasta hace unos días. En la tarde del 9 de junio, el ministerio restauró la web oficial sobre COVID-19 (covid.saude.gov.br) con los números al completo.
Los militares y la censura
La prensa local recuerda estos días que, durante la dictadura militar brasileña (1964-1985), los militares intentaron censurar las informaciones sobre una epidemia de meningitis que en 1974 causó miles de muertos: se instauró la censura previa en los medios, y los médicos y enfermeras tenían prohibido hablar del tema. Cuando los hospitales entraron en colapso, los militares empezaron tímidamente a reconocer que había un problema.
La prensa libre, las redes sociales y el hecho de que el Gobierno de Bolsonaro tenga a casi todos los gobernadores en contra (que son quienes recopilan los datos en origen) dificultaría unos intentos de maquillaje que en cualquier caso ya están dañando de forma irreparable la imagen internacional de Brasil.
Bolsonaro contra los números
En estos días, el país suramericano ha llegado a ser comparado por políticos de la oposición con Turkmenistán (que prohibió el uso de la palabra coronavirus) y con otros regímenes dictatoriales conocidos por su falta de transparencia.
También generaron malestar los datos oficiales de desempleo que elabora el estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Cuando en abril de 2019 los números mostraban que el desempleo había subido más de un 7% en un trimestre, Bolsonaro dijo que la metodología estaba hecha para "engañar a la población" y que había que cambiarla.
