"La Presidenta promulgará esa ley por respeto a las instituciones de la democracia, es decir la promulgará porque la Asamblea (parlamento) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) así lo solicitan, con rapidez e insistencia", dijo a la prensa Yerko Núñez, ministro de la Presidencia.
Áñez, quien se autoproclamó presidenta tras la renuncia forzada de Evo Morales (2006-2019) en noviembre pasado, es también candidata para los venideros comicios en representación del partido derechista Demócratas, que no pudo frenar la sanción de la ley en el parlamento dominado por el Movimiento Al Socialismo (MAS).
La ley fue propuesta por el TSE a partir de un acuerdo con las principales fuerzas políticas del país y defendida por el presidente de ese organismo, Salvador Romero, como "imprescindible" para la estabilidad política.
Según esa ley, tras la promulgación el TSE tendrá un plazo de 48 horas para emitir la convocatoria formal a la reanudación del proceso electoral que quedó en suspenso desde marzo, por la todavía vigente cuarentena contra la pandemia de COVID-19.
Romero confirmó horas antes del anuncio gubernamental que las campañas políticas se reanudarían en la segunda quincena de julio y que ya estaban en análisis las medidas de bioseguridad para la votación del 6 de septiembre.
La declaración leída por Núñez insistió en el argumento oficial de que, más allá de que la ley fije el día de las elecciones, esa fecha debe estar "sujeta a consultas serias y profesionales con médicos y científicos con capacidad para evaluar la evolución de la pandemia".
"Queremos pedir a los políticos y autoridades que decidieron el 6 de septiembre como fecha para las elecciones, al señor Evo Morales Ayma, que se hagan públicamente responsables de las consecuencias y los daños en la salud que puedan generarse con la realización de las elecciones en el momento más grave de la pandemia", añadió.
La presidenta Áñez aparecía en esos sondeos en tercer lugar, sin opción a una eventual segunda vuelta.
El proceso electoral a punto de ser reanudado fue acordado por las fuerzas políticas bolivianas a fines del año pasado con objeto de restituir el orden constitucional que resultó alterado por la crisis política.