"Llamamos a las organizaciones nacionales e internacionales y a la sociedad civil a sumarse a la vigilancia de este proceso, pues una sentencia negativa puede poner en riesgo nuestra supervivencia física y cultural, llevándonos inclusive al etnocidio", dijo la nacionalidad Waorani en un comunicado.
El pedido de medidas cautelares se presentó el 20 de mayo en contra de varias autoridades y entidades del Estado ecuatoriano, entre ellas el Presidente Lenín Moreno y el Vicepresidente Otto Sonnenholzner, como titulares del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional.
Según el comunicado de la nacionalidad waorani, el oficio del abogado no estuvo acompañado de ningún decreto ejecutivo o resolución administrativa que legalice el nombramiento de la indicada funcionaria como titular del COE.
Sin embargo, la jueza anuló el proceso y dijo que en 24 horas se presentaría una respuesta.
Dicha resolución judicial aún no ha sido comunicada oficialmente a los waorani.
Según los waorani, mientras el caso se dilata en el ámbito judicial, los riesgos aumentaron para los habitantes de sus territorios.
"En medio de la pandemia puestos de salud fueron cerrados y otros tantos se encuentran sin abastecimiento de medicinas y oxígeno", sostiene el comunicado.
Advirtieron que la acción de protección se interpuso ante el riesgo inminente ante el contagio de COVID-19 que enfrenta la nacionalidad Waorani, pueblo indígena de reciente contacto, riesgo que también acecha a los Tagaeri y Taromenane, indígenas en aislamiento voluntario que viven en la amazonía ecuatoriana.
Los indígenas Waorani se encuentran asentados en la provincia amazónica Pastaza, localizada al este de Ecuador.
