"El futuro del mundialmente reputado trabajo humanitario del Gobierno del Reino Unido está ahora en riesgo", denunció Sarah Champion, presidenta del comité parlamentario.
Los legisladores coinciden en su protesta con tres anteriores jefes del Gobierno británico, incluido el conservador David Cameron, que consideran contraproducente la abolición del Ministerio de Desarrollo Internacional —DFID, en sus siglas en inglés—.
La reforma que Johnson anunció esta semana llevará, en septiembre, a la absorción por parte del ministerio de Exteriores de las funciones y misiones del DIFD.
"El primer ministro no ha podido elegir un momento peor, cuando las perspectivas de futuro para tanta gente nunca han sido tan malas, con los actuales desafíos de violencia, hambruna, y enfermedad unidos al devastador efecto del coronavirus", reprochó Champion.
El mandatario conservador justificó la fusión como una reforma necesaria para "salvaguardar los intereses y valores británicos en el extranjero".
Al mismo tiempo, Global Justice Now ha lanzado una campaña pública en contra de una absorción que, según denuncia la organización, "destruirá la transparencia y efectividad de la asistencia" humanitaria y convertirá la ayuda exterior en herramienta para "potenciar los negocios británicos, más que para combatir las desigualdades globales".
