"Situación crítica de las personas privadas de libertad en el Ecuador: 727 contagiados y 23 personas fallecidas por COVID-19 (…) Las organizaciones de derechos humanos exigimos al estado ecuatoriano realizar todas las acciones posibles para evitar muertes y más contagios por COVID-19 dentro de los centros de privación de libertad", dijo la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador en un comunicado.
El 21 de mayo, el director del Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), Edmundo Moncayo, señaló que a esa fecha el 70% de internos de la cárcel de Ambato (centro) se habían contagiado de COVID-19.
El total de la población de esa penitenciaría es de 712 personas, detalló el comunicado.
Según la Alianza, no existe un presupuesto asignado específicamente para atender la emergencia sanitaria en las cárceles ecuatorianas, y "solamente se han podido extraer 26.300 dólares" para el efecto.
Tampoco tienen mascarillas, gel o alcohol antiséptico y a sus familiares se les niega el ingreso de esos insumos, según el comunicado.
La Alianza pide al Estado ecuatoriano actuar de manera urgente para detectar contagios entre la población penitenciaria; igualmente pide la entrega de insumos e implementos de bioseguridad a todos los presos, agentes penitenciarios y personal de las cárceles.
Asimismo, la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador exhortó a los operadores de justicia a tomar en cuenta, en sus fallos sobre privación de libertad, las recomendaciones de tratados internacionales y normas nacionales sobre prisión preventiva.
El martes, familiares de presos hicieron un plantón en los exteriores del edificio del SNAI, en Quito, para pedir que se tomen medidas más rigurosas a fin de evitar un aumento de casos de COVID-19 en las prisiones.
En Ecuador existen 59 cárceles, con capacidad para alojar un aproximadamente a 29.000 personas. Sin embargo, según el SNAI, a febrero de este año había más de 39.000 personas.
