España pasa su tercer mes de huelga de alquileres con 20.000 adheridos

Las dificultades para el pago de alquileres en medio de la crisis económica mundial son comunes a muchos países. Algunos tomaron medidas al respecto, como el caso de Argentina, que aprobó una ley de alquileres que cambia las condiciones del mercado y busca mejorar el acceso a vivienda.

En España, donde el nuevo coronavirus golpeó con contundencia y convirtió al país en unos de los primeros epicentros de la pandemia, la actividad económica cayó en tal magnitud que hoy más de 25% de la población corre riesgo de caer bajo la línea de pobreza. 

En ese marco, inquilinos se vieron imposibilitados de pagar sus alquileres, lo que derivó en charlas con el Gobierno que terminaron en un Real Decreto (normativa aprobada por los ministros y firmada por el rey).

Sin embargo, según contó a Sputnik Fernando Bardera, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, el articulado no solo no respondió a las necesidades de quienes pagan alquileres sino que empeoró su situación. Esto derivó en la convocatoria de una huelga nacional que hasta el momento tiene 20.000 adherentes.

"La primera pata de este decreto fue lo que el Gobierno llamó prohibición de desahucios. Es decir, que estos se suspendían durante un período máximo de seis meses para evitar que se dieran durante el confinamiento, lo que además es de sentido común porque si te están interpelando para que te quedes en casa y te echan de ella es imposible hacerlo. Aparte los juzgados han estado paralizados hasta hace muy poquito", señaló el dirigente.

El país europeo tenía un promedio de 100 desahucios por alquiler diarios, pero por esta pausa basada en la situación sanitaria se espera que cuando las actividades se retomen sean hasta 500 cada día. A este problema los inquilinos entienden que se le suma otro establecido por la norma que ofrece créditos públicos para que quienes tienen problemas para pagar puedan hacerlo.

"A nosotros esto nos parece una barbaridad porque la solución termina siendo entrampar a quien menos dinero tiene para que la clase rentista, que son quienes reciben rentas sin trabajar, siga recibiendo dinero. Además de que esté avalado por el Estado porque al final si el inquilino no lo puede pagar lo acaba pagando el Estado", señaló el entrevistado. 

"No entendíamos, y seguimos sin entender, por qué si la gente no puede trabajar y no va a tener ingresos durante estos meses de confinamiento la clase rentista no puede hacer lo mismo", agregó.

El mercado inmobiliario español está altamente concentrado. Actores como grandes empresas y fondos de inversión cuentan con cientos y hasta miles de viviendas en alquiler. Estos mismos grupos son propietarios de los sitios web de alquileres por lo que la especulación es alta y los precios se han disparado.

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