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Primer freno al intento privatizador de la semilla agrícola en México

© AP Photo / Gregory BullCultivo de maíz en México
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La propuesta para modificar la Ley federal de variedades vegetales que regula el uso de la semilla agrícola en el país para volverla acorde a las directrices privativas promovidas por el nuevo Tratado de libre comercio entre México, EEUU y Canadá fue abortada en el legislativo mexicano.

La iniciativa legislativa para modificar la Ley de variedades vegetales fue presentada por el diputado Eraclio Rodríguez —electo por el partido Morena en el norteño estado de Chihuahua— a comienzos del año 2020, y en junio recibió un impulso especial al revelarse su vínculo con las condiciones que se pautaron en la renegociación del nuevo Tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

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Aunque la propuesta de ley del diputado Rodríguez no lo reconocía abiertamente, esta adoptaba para México las características centrales de la llamada Acta de Upov91, que es la directriz más reciente —del año 1991, la anterior fue en 1978— promovida por la Unión de protección de variedades vegetales, creada para garantizar los llamados derechos de obtentor de las empresas semilleras sobre la materia viva y la naturaleza.

Sin embargo, el T-MEC brinda a México un plazo de cuatro años para discutir su entrada al Acta Upov91, algo que abrió una grieta en el Gobierno mexicano en torno a la defensa del sector campesino que, según las fuentes políticas consultadas por Sputnik, es reconocido como esencial para el Gobierno liderado por Andrés Manuel López Obrador.

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Tras una intensa campaña dentro y fuera del Gobierno mexicano, buscando detener este cambio legal que abría la puerta para consolidar derechos de las tres empresas monopólicas principales del sector semillero mundial, la aprobación de la modificación propuesta para la Ley de variedades vegetales fue retirada del orden del día, para su tratamiento en la Cámara de Diputados.

La sesión extraordinaria de la Cámara de este martes 30 de junio fue prevista para avanzar en la consolidación de otras leyes vinculadas al nuevo T-MEC, que entrará en vigor este miércoles 1 de julio, cuando se especula —aún sin confirmación— que esa sea la fecha en que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador visite la Casa Blanca, sede presidencial del Gobierno norteamericano.

La protección de un sector esencial

El diputado electo por el partido Morena en el estado de Coahuila, Diego Del Bosque, forma parte de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados, dónde se dio, con mayor intensidad, la discusión sobre la modificación legal de marras.

"Recibimos la noticia que al no haber consenso ni acuerdo claro respecto a la modificación de la Ley Federal de Variedades Vegetales, se bajaba la discusión de la sesión extraordinaria", confirmó a Sputnik el representante nacional mexicano.

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El argumento para el abandono actual de la discusión de esta modificación legal, según comentó la fuente, refiere a la necesidad de abrir "un proceso de discusión más amplio" que incluya a las organizaciones campesinas, a investigadores especializados en el tema en México, así como al sector empresarial del sector agroexportador que la ha respaldado y promovido.

"Si esta propuesta siguiera el curso normal de una iniciativa de ley, cabe la opción que la Comisión de agricultura y desarrollo rural convoque a un parlamento abierto para escuchar a los actores involucrados", explicó Del Bosque.

También señaló que existe la posibilidad que el Poder Ejecutivo Federal busque una manera de modificar este requisito impuesto en el T-MEC para México, que pauta tres cambios drásticos para la agricultura local:

  • elimina el reconocimiento al derecho de los agricultores a guardar su propia semilla, algo llamado el uso propio, reconocido por la FAO —la organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura— desde la década de 1970;
  • solo reconoce como un uso legítimo para el país el uso de semillas "certificadas y registradas", cuyos cánones responden a las producidas por las empresas de la  agricultura industrial y no a las producidas por las prácticas campesinas;
  • criminaliza el libre intercambio de semillas entre los agricultores, al promover la adhesión de penas y sanciones vinculados al "uso ilegítimo" de semillas patentadas

"Está en manos del Poder Ejecutivo la posibilidad de que México pueda reconsiderar adherirse a Upov91 en el Tratado de Libre comercio y establecer algún tipo de salvaguarda al respecto", señaló Del Bosque en entrevista con este medio.

De no avanzarse en esa posibilidad en el Poder Ejecutivo —dijo— en el Poder Legislativo ya analizan la construcción de una serie de mecanismos legales "que protejan a los campesinos y se les garantice que no va a haber afectación a los productores rurales que son uno de nuestros sectores esenciales en México", dijo el diputado Del Bosque.

Así, explicó que existe la voluntad de avanzar con la aprobación de al menos dos leyes ya identificadas:

  • una ley específica sobre derechos campesinos protegiendo sus prácticas ancestrales y comunitarias, que han sido las responsables de la construcción de la biodiversidad mexicana;
  • una ley sobre recursos fitogenéticos que "pudiera proteger la naturaleza y su diversidad creada por manos campesinas, que no está registrada ni certificada, pero que es la base de la alimentación y también de las semillas que utiliza el sector industrial", refirió la fuente.

En este sentido, comentó que se habían incluido dos párrafos en el proyecto original del diputado Eraclio Rodríguez, reconociendo en su primer párrafo los derechos campesinos a producir su semilla, intercambiarla libremente conforme a sus usos y costumbres, y a beneficiarse de lo producido en sus parcelas de tierra; así como una segunda modificación señalando la exclusión del sector campesino de las modificaciones propuestas en la ley, gracias a un mecanismo referido como un candado legal.

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Según explicó el diputado Del Bosque, este segundo candado legal incluía un segundo párrafo en el artículo1 de la propuesta original que decía que la ley "no podría afectar a productores rurales ni a variedades de uso común que son producto de su tradición cultural e histórica" explicó la fuente.

Aunque no se trate su modificación antes de la entrada en vigencia del T-MEC como se propuso originalmente, es probable que la iniciativa de reforma de la Ley Federal de Variedades vegetales regrese al Congreso mexicano en septiembre de este año, cuando se reinicie el período ordinario de sesiones del Legislativo.

El propósito de ese candado, según señaló Del Bosque, fue hacer manifiesta la existencia en México —y en toda América Latina en particular, aunque también en el mundo entero— de dos categorías de producción agrícola: una destinada a la exportación promovida por grandes empresarios y otra, la agricultura familiar, de pequeña y mediana escala que suele tener destino para el auto-consumo o para el consumo local.

"El nuevo tratado de libre comercio nos da cuatro años para que actualicemos nuestra legislación protegiendo sectores esenciales, como creemos que es el sector campesino y sus semillas en México. No convino de ninguna manera que nos apresuráramos a aprobar una reforma legal que seguía teniendo defectos", concluyó.

 

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