En un comunicado, la Fiscalía informó que el Tribunal Regional Federal de la 1ª Región acató su petición y determinó "la adopción inmediata de un plan de emergencia para contener el avance de la enfermedad en la tierra indígena Yanomami, que contempla, entre otros puntos, el combate al garimpo ilegal, con la expulsión de los infractores de la tierra indígena".
La tierra Yanomami es la mayor de Brasil: son más de 9,6 millones de hectáreas entre los estados de Roraima y Amazonas (norte), en la frontera con Venezuela, donde viven alrededor de 26.780 indígenas, y donde podría haber hasta 20.000 garimpeiros.
La decisión judicial exige un monitoreo territorial efectivo de la tierra indígena Yanomami para combatir los delitos ambientales y la retirada de los garimpeiros de la región, "que ha sido el principal vector para la diseminación de la enfermedad".
También se obliga al Estado a garantizar efectivos suficientes para esos trabajos de vigilancia, a entregar alimentos y equipos de protección y a presentar informes quincenales que demuestren el cumplimiento de estas determinaciones.
La Fiscalía destacó que los Yanomami son víctimas de la omisión estatal en la contención de los garimpeiros desde los años 70.
En 1985, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya recomendó al Estado brasileño la adopción de "medidas sanitarias de carácter preventivo y curativo para proteger la vida y la salud de los indígenas expuestos a contraer enfermedades infectocontagiosas".
Sin embargo, recuerda la Fiscalía, 35 años después el Estado ha sido incapaz de instalar y operar de forma continua una red de protección territorial que inhiba la acción de los garimpeiros.