Tras las diversas pruebas que han desmentido la llamada Verdad Histórica, defendida por la extinta Procuraduría General de la República (PGR), la cual apuntaba hacia el asesinato e incineración de los cuerpos en el basurero de Cocula, la FGR pretende probar que los normalistas fueron calcinados en distintos lugares.
Este 7 de julio Omar García Trejo, titular de la Unidad especial para el caso de la Fiscalía General de México, informó que fueron encontrados los restos de uno de los normalistas desaparecidos, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre.
Sin embargo, en ninguno de los casos se afirma que los normalistas fueran ejecutados ni sus cuerpos fueran incinerados en el basurero de Cocula, tal como aseguró la PGR el 27 de enero de 2015.
La FGR también mostrará el hallazgo de nuevos restos óseos, localizados en distintos sitios que la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa examinó en los últimos 15 meses. Esos restos no forman parte de los 114 fragmentos localizados en el basurero de Cocula y el Río San Juan, los cuales presumiblemente fueron enviados a la Universidad de Innsbruck, Austria, para su análisis genético.
Por otra parte, el informe sobre el Caso Ayotzinapa de la FGR agregará informaciones reservadas que la CNDH entregó a la PGR y que aún no se conocen públicamente. Los documentos presumiblemente contienen pruebas con las cuales el órgano autónomo pudo llegar a una conclusión diferente a la Verdad Histórica, como se conoce a la versión defendida por el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
En ese lugar igualmente se destaca el involucramiento de las policías de los municipios guerrerenses de Huitzuco, Tepecoacuilco, Taxco, Iguala y Cocula. En este punto es donde la FGR concentra la mayoría de las 46 órdenes de aprehensión solicitadas en la última semana de junio, asegura la nota de Excelsior.
A partir de todo lo anterior, la Fiscalía General de la República pretende repasar las evidencias que pasó por alto la PGR, así como indagar las posibles omisiones cometidas por las autoridades municipales y estatales de Guerrero, así como las ejecutadas por funcionarios federales y militares durante las investigaciones del caso Ayotzinapa.
El mismo día, agentes de la FGR detuvieron en la ciudad de Mérida, Yucatán, a un efectivo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quien al momento de la desaparición de los normalistas trabajaba como representante de esta dependencia en el estado de Guerrero.
Cabe recordar que el titular de la AIC, Tomás Zerón, es acusado por las autoridades mexicanas por los delitos de tortura, desaparición forzada, alterar la escena de crimen, así como por la pérdida y ocultamiento de pruebas durante la investigación de la desaparición de los 43 normalistas. Actualmente, el exfuncionario se encuentra prófugo.
