"Nosotros, Estados Partes de la Convención para la Prohibición de las Armas Químicas y miembros de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, estamos preocupados por la situación que surgió en la OPAQ tras publicarse el primer informe del IIT [Equipo de Investigación e Identificación] sobre los supuestos ataques químicos lanzados en la localidad de Al Latamna, en Siria, en marzo de 2017", dijo Shulguín en La Haya donde esta semana sesiona el Consejo Ejecutivo de la OPAQ.
La declaración del embajador ruso recibió el apoyo de los representantes de Bielorrusia, Burundi, Venezuela, Irán, Kazajistán, Camboya, Kirguistán, China, Islas Comoras, Cuba, Birmania, Nicaragua, Siria, Tayikistán, Uzbekistán y República Centroafricana.
El Ministerio de Exteriores de Siria declaró que el informe de la OPAQ contiene conclusiones falsas cuyo objetivo es tergiversar los hechos y denigrar a las autoridades sirias. Damasco indicó que el Ejército sirio jamás había empleado armas químicas.
Shulguín comentó que la "creación del IIT y sus métodos de trabajo no se corresponden con las normas de la Convención", y que la actividad del IIT "es injerencia en área de responsabilidad exclusiva del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas".
Las autoridades sirias insisten en que nunca han usado armas químicas contra la población o los terroristas, y aseguran que todo el arsenal de armas químicas fue retirado del territorio sirio bajo el control de la OPAQ.
En junio de 2018, durante una sesión especial de la Conferencia de los Estados Partes de la Convención para la Prohibición de las Armas Químicas celebrada en La Haya, los países de la OPAQ aprobaron la propuesta del Reino Unido de ampliar el mandato de esta organización permitiéndole señalar a los autores de ataques químicos.
