"Lo que ha hecho el TC [en la sentencia] es decir de ahora en adelante voy a crear el derecho a la protesta social, delimitar su contenido, sus principios y características; y es importante porque establece una serie de criterios para evitar que se utilice la legislación penal para criminalizar la protesta", afirmó el abogado del IDL, Juan Carlos Ruiz, en conversación con Sputnik.
Como explica Ruiz, quién estuvo involucrado en la demanda ante el TC, en Perú "existe desde hace tiempo un problema que se llama criminalización de la protesta", que es la respuesta represiva y penal de parte del Estado a un problema que es político.
La modificación del artículo estableció que "el que, mediante violencia o amenaza, toma locales, obstaculiza vías de comunicación o impide el libre tránsito de la ciudadanía o perturba el normal funcionamiento de los servicios públicos o la ejecución de obras legalmente autorizadas (...) será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de 10 años".
Esta modificación dejaba la puerta abierta a que los pobladores que participen en protestas sociales puedan, cuanto menos, ser condenados a tres años de prisión preventiva.
"Esto equivale a que si tú bloqueas una carretera como protesta, puedes incurrir en delito de extorsión y te puedes ir hasta tres años en prisión preventiva, o si eres profesor y en reclamo de mejoras salariales haces una marcha y tomas las calles, cometes delito de extorsión también", indica Ruiz.
En 2018, IDL y las demás organizaciones presentaron la demanda contra el artículo 200 del Código Penal y el 6 de julio el TC emitió una sentencia declarando infundada la demanda.
"Formalmente la sentencia ha declarado infundada la demanda, pero los tribunales constitucionales pueden optar por derogar una norma como última opción, o decir que, si bien esa norma es ambigua, puede interpretarse de acuerdo a la Constitución y el TC ha dicho que, a propósito de este caso, se reconoce que existe el derecho a la protesta social", explica Ruiz.
El abogado explica que el reconocimiento del derecho a la protesta social fue validado dentro del contenido de la sentencia del TC y, de acuerdo Código Procesal Constitucional, las sentencias son legalmente "precedentes vinculantes y generan jurisprudencia".
"Esto lo hemos adoptado en Perú del sistema anglosajón, y el TC es también un generador de leyes a través de sus sentencias", indica Ruiz.
En el sur de Perú, las conflictos sociales son recurrentes por los intereses contrarios entre las grandes empresas dedicadas a las actividades extractivas y las comunidades, quienes defienden comúnmente los derechos sobre sus territorios.
A su entender, el derecho a la protesta entendido independientemente del derecho a la libertad de expresión o el derecho a la libertad de reunión, podrá ser una herramienta para una herramienta para que las instancias jurídicas aborden un problema social desde una perspectiva más precisa y justa.
