"No quieren que los congresistas tengamos inmunidad, entonces también se la quitamos a los miembros del Tribunal Constitucional, al Defensor del Pueblo y al propio presidente", resumió el analista José Carlos Requena lo aprobado por los parlamentarios el 5 de julio.
La discusión se impondrá por encima de la crisis sanitaria que tiene a Perú como el segundo país más afectado en la región y quinto a nivel mundial, con 326.500 contagios y casi 11.900 fallecidos. De hecho la pandemia, la función pública y la corrupción de alguna manera se vinculan con las negociaciones sobre la reforma constitucional.
Hasta principios de junio se habían abierto 653 investigaciones por casos de corrupción asociadas a la pandemia en Perú. "Uno de los sectores más impactados fue el policial, el Ministerio del Interior", explicó Requena.
A finales de abril y principios de mayo, unos 70 hechos involucraban a esa cartera, lo cual le valió la renuncia del ministro Carlos Morán luego de que una investigación periodística revelara una supuesta compra de 700.000 mascarillas por 2,4 millones de dólares a una empresa no especializada en el sector de salud.
Imagen pública
La relación entre el presidente, Martín Vizcarra, y el Congreso se tensó al máximo una vez más. El mandatario asumió en marzo de 2018 tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski para evitar un juicio político por sus vínculos con el escándalo Odebrecht.
En julio de ese año, Vizcarra impulsó varias reformas constitucionales ante un Congreso dominado por el fujimorismo y otros grupos de derecha. Pretendía modificar la designación en las altas cortes, los requisitos para postularse a cargos electivos y los alcances de la inmunidad parlamentaria.
El Congreso frenó esas iniciativas, y tras intentos frustrados de negociación, Vizcarra disolvió el Parlamento y convocó a elecciones legislativas para enero. De esos comicios salió un nuevo Congreso con presencia fujimorista minoritaria y con nuevos partidos y propuestas. Sin embargo, tampoco apoyaron las reformas del mandatario.
Por el contrario, la modificaron y aprobaron este 5 de julio eliminar la inmunidad a magistrados, al propio presidente y a legisladores. Pero en este último caso sólo para delitos comunes, no aquellos cometidos mediante su investidura.
Presidente fortalecido
Para Requena, en la puja entre poderes la sociedad se para del lado de Vizcarra. "Se consolida su posición a pesar del manejo no tan exitoso de la pandemia. La última aprobación de gestión estaba en 70%, una cifra para estándares peruanos muy por encima de los promedios y para estándares latinoamericanos también", comparó.
El Parlamento se reunió extraordinariamente el domingo 5 de julio y aprobó los proyectos pero modificados. Eliminó la inmunidad parlamentaria en caso de delitos comunes, y de manera total para magistrados del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y el antejuicio de altos funcionarios.
"Lo que terminó pasando fue como una suerte de revancha, el Congreso se sintió acorralado y dijo 'bueno, quieren que yo me quite la inmunidad, se las quito a todos'. Y esa es la ley que se aprobó", indicó el entrevistado.
Requena consideró que estos debates políticos han logrado superar a la crisis sanitaria, al punto que "la gente ya no habla de la pandemia, sino de esta crisis legislativo ejecutivo" y de las elecciones de abril de 2021 que Vizcarra convocó este 8 de julio.
