"Un juez acaba de parar una orden donde se permitía que los niños se quedaran con sus padres; si esta orden es atrasada, los niños volverán a ser separados de su familia; esto pone a los menores de edad en una situación de aún mayor vulnerabilidad", dijo Peña Riley.
El ex vicecónsul también es asesor del diputado guatemalteco Aldo Dávila, del partido opositor Winaq (izquierda) e integrante de la Comisión del Migrante en el Congreso.
Sin embargo, el 13 de julio un juez federal dijo que no se pronunciará hasta mediados de la próxima semana sobre si los padres migrantes detenidos por ICE en centros de detención familiar deberían ser liberados, lo que provocaría que los niños sean separados de su familia.
Shalyn Fluharty, directora del Proyecto Dilley Pro Bono, un grupo que representa a los padres migrantes en el Centro Residencial Familiar de Dilley, Texas, dijo que debido al aumento de COVID-19 en las instalaciones del ICE, algunos padres podrían elegir separarse, informó el canal NBC en su página web.
"Tenemos padres que quieren separarse porque creen que de otra manera sus hijos morirán (…) Estos padres no saben absolutamente nada sobre lo que sucederá con sus hijos" después de que sean liberados, dijo Fluharty, y señaló que el Gobierno no se ha comprometido a permitir que los niños permanezcan en EEUU o soliciten asilo.
Unos 103.000 menores de edad permanecen retenidos en centros de detención de inmigrantes de EEUU, una cifra récord a nivel mundial, según un estudio de Naciones Unidas de noviembre del año pasado.
Sin control
Peña Riley y Dávila denunciaron que los centros de detención en EEUU no están permitiendo entrar a los cónsules para que hagan una tarea de fiscalización.
"De acuerdo a la situación actual, los cónsules no están pudiendo realizar visitas personales a los centros de detención, lo que atrasa un poco el proceso de identificación consular", afirmó Dávila a Sputnik.
El diputado señaló que los consulados están haciendo todo lo posible por darles la atención que necesitan, pero los reglamentos internos de los centros de detención privados hacen difícil la interacción.
Más de 2.500 personas que están bajo custodia del ICE han dado positivo al COVID-19, informan los medios locales.
La agencia dijo que ha puesto en libertad a por lo menos 900 personas consideradas con mayor riesgo médico.
