Caso Dina: ¿operación para desprestigiar a Podemos o giro de los acontecimientos?

Los hechos que dan lugar al llamado caso Dina arrancan el 1 noviembre de 2015, cuando a Dina Bousselham, entonces asesora del líder de Podemos, le roban su teléfono móvil en una tienda de Ikea en Alcorcón, al sur de la capital española.

En enero de 2016, la extinta publicación Interviú, perteneciente al Grupo Zeta, hizo entrega a Pablo Iglesias de la tarjeta SIM del teléfono sustraído de mano de su presidente, Antonio Asensio. Interviú se quedó una copia y posteriormente se supo que otros medios, OkDiario y El Confidencial, también. En julio de ese mismo año, OkDiario publicó el contenido de una conversación por WhatsApp en la que Iglesias, ante las críticas personales de la periodista televisiva Mariló Montero, escribía que la "azotaría".

Pero del recorrido de la tarjeta SIM no se supo nada hasta 2019, cuando la Policía constató en un informe que dos años antes, en 2017, en el marco de un registro policial, sus agentes habían encontrado dos carpetas con el nombre de Dina 1 y Dina 2 en el ordenador del excomisario José Manuel Villarejo, un oscuro personaje ligado durante años a la seguridad del Estado, a quien se detuvo en el marco de la Operación Tándem y que desde entonces se encuentra en la cárcel por su implicación en supuestos delitos de blanqueo y organización criminal. Es decir, se vinculó el contenido de esas carpetas al terminal y tarjeta telefónicas sustraídas, de la que debían ser copias. La operación Tándem dio lugar al llamado caso Villarejo, del que el caso Dina es en realidad una pieza separada.

La abogada habla de más

Posteriormente Pablo Iglesias y Dina Bousselham acudieron a la Audiencia Nacional para denunciar los hechos, que entendían como parte de una operación para perjudicar a Podemos. Ambos cursaron su denuncia con la misma abogada, Marta Flor. 

Pero el 25 de mayo de 2020 el juez Manuel García-Castellón retiró a Iglesias la condición de perjudicado y solicitó a ambos que dejaran de compartir letrada, dado que esta comunicó a los dirigentes de Podemos que uno de los fiscales, Ignacio Stampa, le había asegurado que Iglesias podía personarse en la causa como perjudicado.

Pero ahora se duda de la imparcialidad de Ignacio Stampa, dada la naturaleza de unas frases escritas por la letrada Marta Flor en un chat interno de Podemos ("Los fiscales quieren ayudarnos en el Supremo") y de la existencia de una relación íntima con el propio Stampa.  

La declaración de Dina Bousselham

En su comparecencia ante el juez, Bousselham reconoció haber realizado las capturas de conversaciones que publicó OKDiario en las que Pablo Iglesias escribía que "azotaría" a la periodista televisiva Mariló Montero. La exasesora ha declarado que envió a otros grupos de WhatsApp tales capturas antes del robo del móvil.

Esto ha dado pie a que García-Castellón estime que el origen de las filtraciones pueda ser ella y no el excomisario Villarejo. O lo que es lo mismo, está investigando si el envío de los pantallazos que Bousselham reconoce haber hecho se produjo antes o después del robo del teléfono. Cabe recordar que cuando el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, devolvió la tarjeta, lo hizo a Pablo Iglesias y no a Dina Bousselham. El actual vicepresidente se quedó en posesión de la misma casi un año, y no se la devolvió a su propietaria hasta 2017.

Las dudas del juez giran también en torno a esta tardanza, sobre todo habida cuenta de que Bousselham declaró en mayo que la tarjeta había quedado dañada. De resultas, el juez parece estar sentando las bases para elevar al Tribunal Supremo una investigación sobre Pablo Iglesias (dada su condición de aforado), por revelación de secretos y daños informáticos

La utilización del caso

El caso Dina hizo que Pablo Iglesias pudiera personarse en la causa como perjudicado, presentando el robo del celular de Bousselham como parte de un entramado más amplio que integraba a policías corruptos y periodistas para dañar a su partido durante las negociaciones para formar gobierno con el PSOE de Pedro Sánchez en 2016, conversaciones que fracasaron.

Recordamos que en 2016, la mal llamada policía patriótica confeccionó la fabricación del denominado Informe PISA (acrónimo de Pablo Iglesias, Sociedad Anónima) para intentar desprestigiar a Podemos, acusándolo de financiación irregular.

El informe PISA, tumbado en los tribunales, se produjo durante el Gobierno de Mariano Rajoy (PP), cuyo ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, fue grabado en su despacho pergeñando métodos ilegales de lucha contra la oposición política (Operación Catalunya, contra los partidos independentistas catalanes). Pero ahora mismo, son los partidos de la oposición, PP y Vox quienes intentan desgastar al Gobierno de coalición haciendo valer el curso que está tomando la investigación del caso Dina. Vox incluso ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra Pablo Iglesias, Dina Bousselham, Marta Flor e Ignacio Stampa por haber proporcionado al vicepresidente una información del Ministerio Pública relativa a su posibilidad de personarse como perjudicado.

Nuevos giros

Las contradicciones de Dina Bousselham en sus declaraciones ante el juez han llevado incluso a poner en entredicho su condición de asesora. Aun sin mucho rigor, diversas informaciones la catalogan de espía del Gobierno de Marruecos, dado que procede de ese país.

Bousselham, de 29 años de edad y natural de Tánger, ya no trabaja para Podemos, sino que ejerce de directora de un medio de comunicación digital, La última hora. Las últimas revelaciones del caso la sitúan como la encargada de hacer circular los pantallazos de su teléfono móvil y de simular su robo. Así lo afirma José Manuel Calvente, excoordinador del equipo jurídico de Podemos, quien ya en 2016 sostuvo que Bousselham y su pareja podrían haber simulado la sustracción del teléfono para ocultar la difusión de datos sobre Podemos.

"Hay filtraciones, pero quieren que pensemos que es un robo", dijo.  

Se da la circunstancia de que Calvente fue apartado del equipo jurídico de Podemos en diciembre de 2019 por varios motivos, entre ellos un caso de acoso sexual precisamente a la abogada Marta Flor mediante mensajes de contenido equívoco. Podemos reprochó a Calvente haber atacado a Flor acusándola de "indiscreción al mostrar conversaciones de índole sexual y sentimental" y de "anteponer relaciones íntimas con un fiscal de un asunto importante de anticorrupción".

Luego de ser despedido, Marta Flor interpuso una querella contra él, y parte de los mensajes que nutren el caso han sido aportados por ambos en un juzgado de instrucción de Madrid. Otros pantallazos intervenidos del chat del equipo jurídico de Podemos revelan las serias dudas que ya se albergaban sobre la autenticidad del robo. La abogada Aina Díaz, en conversación por WhatsApp sostenida el 29 de julio de 2016, escribió: 

"Yo no veo cómo tras reconocer una persona que tiene hechas capturas, podamos acreditar que no las ha difundido a alguien que, sin cometer delito, las ha pasado a OkDiario", escribió esta letrada. 

La respuesta de Iglesias

El vicepresidente del Gobierno denunció en marzo de 2019 ser víctima de la policía patriótica y de las maniobras ilegales de la mafia policial dirigida por el excomisario José Manuel Villarejo para terminar con su carrera política.

Durante un acto electoral celebrado el 5 de julio en Vigo con motivo de las recientes elecciones autonómicas en Galicia, Iglesias declaró que "el PP creó una estructura parapolicial y mediática para tapar su corrupción al tiempo que atacaba a sus rivales políticos". En su opinión, el desarrollo del caso Dina es un intento de "la derecha" y "sus medios" de comunicación para "sacar" a Unidas Podemos del Gobierno, por haber puesto en marcha durante el primer semestre de su gestión políticas de marcado acento social.