"La acción se encuentra suspendida dado que aparentemente el juez sustanciador enfermó de COVID-19; extrañamente lleva más de 50 días sin recuperarse", dijo en conferencia de prensa Lina María Espinosa, asesora de Derechos Humanos de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia (Confeniae).
El pasado 7 de abril el oleoducto estatal Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), el privado Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) y un poliducto de transporte de derivados sufrieron roturas por un hundimiento de tierras masivo, de 70 metros de profundidad y 200 metros de largo, entre un punto y otro, en el sector de San Rafael, en el límite entre las provincias de amazónicas de Napo y Sucumbíos.
La rotura de los ductos provocó el derrame de unos 15.000 barriles de petróleo.
Según la Confeniae, alrededor de 27.000 personas que viven en 105 comunidades de la nacionalidad Kichwa, en las provincias de Orellana (este) y Sucumbíos (este) fueron afectadas, al igual que unos 35.000 habitantes de comunidades asentadas en las riberas del río Coca.
Andrés Tapia dirigente de la Confeniae dijo que al momento esas comunidades además están afectadas por COVID-19, malaria y paludismo.
Por su parte, Jorge Celi, docente de la Universidad Amazónica Ikiam, advirtió que el avance acelerado del fenómeno de erosión regresiva del río Coca, que provocó la rotura de los oleoductos, puede ocasionar la sedimentación de varios afluentes así como provocar potenciales deslaves de laderas y avalanchas, afectando a pobladores de las comunidades amazónicas.
