Aunque durante todo el mes de abril la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) mantuvo un cese del fuego unilateral como "gesto humanitario" por la pandemia, que para entonces llevaba solo un par de días de haber sido declarada, la realidad es que desde esa fecha ni ese grupo ni ningún otro ha dado muestras de tregua y, por el contrario, la violencia se ha aprovechado del confinamiento para sembrar terror en varias comunidades.
Dicho informe reveló que desde la firma del Acuerdo Final de Paz, en noviembre de 2016, un total de 970 líderes y defensores de derechos humanos han sido asesinados, de los cuales 95 se contabilizaron entre el 6 de marzo y el 15 de julio último, es decir, durante la pandemia de COVID-19.
Llamado sin eco
La situación es tan aguda que incluso un llamado que en marzo hizo el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, para disminuir los conflictos en el mundo a raíz de la pandemia no tuvo eco en Colombia.
"A pesar de la pandemia y las restricciones oficiales que se han impuesto, acciones violentas siguen impactando territorios y comunidades", aseguró un mes después el representante especial del secretario de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu.
Hoy la situación persiste de una manera tan brutal que así lo calificó un informe de la organización Human Rights Watch (HRW), que el 15 de julio anterior denunció cómo diferentes grupos armados ilegales de diversa índole han cometido asesinatos y otros abusos contra civiles para imponer sus propias medidas en contra de la propagación del COVID-19 en Colombia.
Así las cosas, el remedio resulta peor que la enfermedad, pues el confinamiento ha alentado la violencia de los grupos armados ilegales, que también son responsables del desplazamiento forzado de varias comunidades.
"Existen expresiones de fuerzas asociadas con las economías ilícitas que aspiran a tener un control territorial y, por lo tanto, ven como un enemigo estratégico el papel de las organizaciones sociales en el territorio", lo que pone en riesgo "la vida comunitaria y el medio ambiente", señalo el martes una publicación de la Agencia Prensa Rural, que representa a las comunidades campesinas en resistencia.
Realidad vergonzosa
La realidad de Colombia es tan evidente como vergonzosa, y esta semana ha sido más notoria, ya que ha coincidido con la presentación de informes que la exponen ante el mundo.
El miércoles 29, la organización inglesa Global Witness señaló que, de un total de 212 defensores del ambiente que fueron asesinados en 2019 en el mundo, más de la mitad se concentró en Colombia y Filipinas.
"Más de la mitad de todos los asesinatos reportados el año pasado ocurrieron solo en dos países: Colombia (con el mayor número registrado: 64 asesinatos en un año) y Filipinas (que aumentó de 30 asesinatos en 2018 a 43 en 2019)", reveló.
Este jueves, el fiscal General de Colombia, Francisco Barbosa, reveló que se han esclarecido en un 57% los crímenes y agresiones a defensores de derechos humanos reportadas por Naciones Unidas, lo que, a su juicio, representa "avances significativos" en 224 de los 393 hechos y por lo cual se han condenado ya 60 personas.
Sin embargo, no se refirió a otros hechos de violencia generalizada en el país, la misma que está en una curva ascendente desde hace tiempo y que sobrepasó con creces a la de contagios y fallecidos por el COVID-19, que apenas se acerca a su pico en el país, con 276.055 casos y 9.454 decesos desde marzo.
