La orden de aprehensión fue emitida por un juez federal con sede en el Centro Federal de Readaptación Social de Almoloya de Juárez, en el Estado de México y da seguimiento a un proceso iniciado en mayo por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Entonces, la UIF solicitó el congelamiento de las cuentas bancarias de Guillermo Álvarez Cuevas, así como de Víctor Garcés, exvicepresidente del club Cruz Azul, y Alfredo Álvarez Cuevas, director de Planeación Estratégica de la Cooperativa, por sospechas de lavado de dinero, compra irregular de futbolistas y operaciones bancarias con recursos de procedencia ilícita.
Desde ese momento se gestó una ruptura entre los hermanos Álvarez Cuevas, ambos interesados en asumir el control del Cruz Azul, lo cual derivó en varias demandas en contra de Guillermo, con base en su supuesto incumplimiento en la rendición de cuentas a los socios de la Cooperativa.
Se aduce que las diferencias que Guillermo y Alfredo surgen de su desacuerdo sobre el manejo de la empresa cementera: mientras el primero ha propuesto alianzas con otras empresas para el manejo de algunos de sus, los socios cooperativistas afines a Alfredo Álvarez Cuevas y Víctor Garcés han bloqueado por diversos medios esta estrategia.
Por esta situación también se ha intentado deponer a Guillermo Álvarez de su cargo en la Cooperativa Cruz Azul, aunque ninguna de las demandas en su contra ha prosperado en tribunales.
A su vez, columnistas como Javier Tejado Dondé han revelado que los Álvarez Cuevas junto con Víctor Garcés "crearon una estructura y se distribuyeron funciones para ocultar el destino de los recursos de la Cooperativa", los cuales eran enviados a varias empresas fachada.
Se presume que los recursos en cuestión habrían sido transferidos a cuentas bancarias en España, Estados Unidos y otros lugares, los cuales sirvieron para la compra de al menos 6 inmuebles en Miami, Las Vegas, Oklahoma y Colorado.
A causa de esta evidencia, el 22 de junio, Guillermo Álvarez fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto cargo de transferir recursos a dos empresas fantasma. Poco después, se informó que también era investigado por el FBI y la oficina del Servicio de Impuestos Internos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por el mismo motivo.
Aunque la Cooperativa descalificó públicamente las acusaciones, al considerarlas como parte de una campaña mediática de un grupo disidente de la empresa cementera, las autoridades mexicanas están actualmente a la espera de que Guillermo Álvarez sea presentado ante el juez que solicitó su arresto.
