Argentina lleva 140 días de confinamiento como consecuencia de la pandemia de COVID-19, el aislamiento obligatorio más extenso en el mundo. Dentro de una crisis económica preexistente y sin conocer cuántas empresas sobrevivirán a tantos meses sin ventas, las autoridades buscan medidas extraordinarias para darle un respiro a todas aquellas que no logren afrontar sus obligaciones.
"Desde abril se planteó que, cuando volviera a abrir el funcionamiento del Poder Judicial, dado a lo que venían viviendo las empresas desde el año pasado y que la pandemia aumentó, iba a haber una catarata de demandas y embargos, había que encontrar un punto de solución", dijo a Sputnik Carlos Selva, diputado nacional que presentó en mayo el borrador por el oficialismo.
De esta manera, las empresas más azotadas por la crisis, hayan caído en cesación de pagos o estén por hacerlo en los próximos meses, podrán obtener más tiempo para negociar las deudas con sus acreedores, y así evitar tener que cerrar sus puertas, con el consecuente impacto en sus empleados y el rubro en el que se encuentren.
"Esta ley beneficia a estas empresas porque les da un oxígeno adicional que de otra manera no tendrían. Les da un año más de gracia al período que ya tengan acordado y evita que existan pedidos de quiebra o ejecuciones hipotecarias, prendarias o de avalistas", dijo a Sputnik Pedro Cascales, representante de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
En la cuerda floja
Según CAME, 10% de las pymes de Argentina están en una situación crítica, con lo cual han cerrado o están por cerrar. Se trata de alrededor de 60.000 empresas y 300.000 puestos de trabajo directos.
En estos casos, las compañías piden lo que se conoce como concurso de acreedores a la Justicia, donde un juez, a menos de que se detecte vaciamiento o fraude, le otorga 180 días de plazo antes de que se puedan demandar ejecuciones sobre el patrimonio (inmuebles, activos, capital), con excepción del pago de sueldos.
Durante ese período, la empresa puede reestructurar sus deudas y, si obtiene un acuerdo, puede continuar operando. En caso de volver a incumplir, los acreedores pueden solicitar el embargo de bienes, cuentas bancarias y patrimonio para recuperar lo adeudado.
Contener una avalancha de juicios
El diputado Selva explicó que lo aprobado por la Cámara baja no modifica la ley de concursos y quiebras vigente, sino que declara la emergencia y suspende los plazos de embargo sobre las cuentas bancarias hasta el 31 de marzo de 2021, con dos excepciones: los casos por trabajadores despedidos ni las acreencias de carácter alimentario.
"Las dos leyes son complementarias y ratifican el rumbo que le queremos dar al país. Hasta febrero veníamos marcando que el objetivo de nuestro Gobierno era poner como lineamiento la producción, el empleo y la inclusión. Lamentablemente, con la pandemia se frustró y obligó a hacer otro tipo de esfuerzos", comentó Selva.
"Ahora, esto abre el panorama para poner a todo el sector en una misma línea de largada y que el esfuerzo que tengan que hacer no sea para atender demandas judiciales sino que se vuelque a la producción", concluyó el diputado por la provincia de Buenos Aires.
Por su parte, Cascales insistió en la necesidad de que además las empresas que se encuentren en concurso puedan acceder a créditos que les permitan recuperarse y también a obtener contratos con el Estado, condicionamientos vigentes actualmente, que dejan a estas compañías en una situación de parias, aseguró.
El Gobierno lanzó desde el comienzo de la cuarentena medidas para evitar el cierre masivo de empresas y la pérdida de puestos de trabajo. Se han prohibido los despidos, se lanzó un programa para pagar la mitad de los sueldos del sector privado y sostener el empleo público y los trabajadores independientes e informales han recibido apoyo a través de diferentes programas para contrarrestar la inactividad.
