Entre 2013 y 2018,dependencias de seguridad como la Secretaría de Gobernación, el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la Procuraduría General de la República y otros órganos erogaron estos recursos para "misiones y objetivos confidenciales".
El dinero destinado a estos rubros provino de la partida presupuestal 33701, clasificada como "Gastos de Seguridad Pública y Nacional", la cual se convirtió en la principal fuente de ingresos del gabinete de seguridad, entonces encabezado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Por ello, tanto la UIF como la SFP revisan el destino de ese dinero, así como las razones que justificaron gastos por millones de pesos bajo el escudo de confidencialidad definido por la administración de Peña Nieto. También se revisa si estos recursos sirvieron para efectuar pagos irregulares a contratistas privados con la intención de eludir procesos de licitación, informa Milenio.
En 2017, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) consideró que la partida de seguridad nacional era difícil de fiscalizar, por lo cual se prestaba a inconsistencias documentales por la secrecía de los temas que englobaban sus objetivos.
Ese año, tras revisar por única ocasión los recursos erogados para seguridad nacional bajo este concepto, la ASF descubrió que la Secretaría de Gobernación había contratado servicios tecnológicos de manera irregular bajo el argumento de urgencia y secreto, aunque este proceso pudo realizarse con base en una licitación pública.
Entre 2013 y 2018, "Gastos de Seguridad Pública y Nacional" se convirtió en la pieza preferida para dotar de recursos extraordinarios a distintas dependencias de la administración de Peña Nieto.
Entre otros objetivos, la partida se estableció con la intención de financiar con recursos rápidos el pago a informantes y de recompensas, así como otros "gastos imprevistos" en materia de seguridad nacional. Sin embargo, la falta de transparencia en su ejercicio permitió a las dependencias de seguridad ejercer gastos multimillonarios bajo el argumento de combatir a los cárteles de la droga y otras organizaciones criminales.
