"El país debe saber que el Presidente Uribe no le pidió a nadie que sobornara a ningún testigo, ni dio instrucción alguna para que se consiguieran testigos", dice un apartado de un comunicado difundido este día por el penalista Jaime Granados, abogado de Uribe en esta causa.
Granados indicó en el texto que la defensa está "absolutamente" convencida "de la absoluta inocencia" de Uribe y que trabaja para que el conozca "cuanto antes toda la verdad".
Investigaciones del alto tribunal darían cuenta de que con dicha manipulación de testigos Uribe buscaba que los exparamilitares cambiaran su versión y en cambio declararan en contra del senador de izquierda Iván Cepeda, uno de sus más fuertes contradictores y que habría logrado obtener los testimonios de esos testigos, que señalaron a Uribe y a su hermano, Santiago, de conformar un grupo paramilitar.
Según Uribe, los pagos a dichos testigos fueron hechos por su abogado, Diego Cadena, sin que él lo supiera, por lo que ahora Cadena también es investigado y puede ir a prisión en una decisión que se prevé sea anunciada el 6 de agosto.
Al respecto, Granados expresó en su comunicado, de cinco puntos, que el principal testigo contra Uribe, el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, "fue visitado [en prisión] por el abogado Diego Cadena porque, a través de terceros, venía manifestando su intención de retractarse de infames declaraciones que había dado en el pasado" a Cepeda.
Información con la que cuenta la Corte Suprema de Justicia daría cuenta de que Monsalve cambió su declaración a favor de Uribe por presión de Cadena, mientras que el abogado habría pagado a la familia de Carlos Enrique Vélez unos 48 millones de pesos (unos 12.632 dólares) como parte de un total de 200 millones (52.600 dólares) para que también cambiara su versión.
Cadena admitió que hizo tales pagos, pero aduce que fueron como gesto humanitario y que de ello no tenía conocimiento Uribe.
"El presidente Uribe no autorizó que al señor Carlos Enrique Vélez ni a personas de su entorno ni a ningún otro testigo se le hicieran giros por concepto de viáticos o ayudas humanitarias", señaló Granados en su comunicado.
Al respecto agregó que esa situación "no constituye soborno", y que Uribe fue informado del hecho por el propio Cadena a mediados de 2019, "momento en el cual el doctor Uribe manifestó que de haber sido enterado no hubiera autorizado dicho proceder".
El caso de la detención domiciliaria de Uribe —mientras sigue la investigación en su contra y la Corte evalúa si lo llama a juicio— es el primero que se da en Colombia contra un expresidente.
