"Hay que decir que no hay ningún procedimiento de investigación abierto contra ninguna persona específica en el ámbito de la Secretaría de Operaciones Integradas (Seopi), mucho menos de carácter penal o policial", dice el documento de la secretaría vinculada al ministerio de Justicia, según recoge el diario Folha de Sao Paulo.
Carmen Lúcia Antunes, jueza del Supremo, había pedido explicaciones al Gobierno.
31 de marzo 2020, 17:39 GMT
Según la prensa local, esta secretaría elaboró un dossier con informaciones sobre 579 funcionarios (sobre todo agentes de seguridad y profesores) que tendrían tendencias progresistas; en algunos casos se incluyeron fotografías y las direcciones en las redes sociales de estas personas.
El Gobierno no niega la existencia de este documento, pero tampoco explica para qué se hizo; asegura que los informes de inteligencia "son secretos, con acceso restringido" y que no pueden servir de base para investigaciones criminales.
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En este sentido, el ministerio de Justicia pide al Supremo que no solicite el acceso al informe, porque eso podría dañar la imagen de Brasil en el mundo; solicita que el tribunal tenga "autocontención" y deje que ese control externo lo haga el poder legislativo.
El ministro de Justicia André Mendonça se puso a disposición del Congreso Nacional para comparecer ante la comisión de investigación de la actividad de inteligencia para aclarar lo sucedido.
Cuando solicitó informaciones, la jueza del Supremo afirmó que si era cierto lo publicado por la prensa el Gobierno estaría teniendo un comportamiento "incompatible" con los principios básicos democráticos del Estado de Derecho.
