"Al no haberse recibido el informe escrito por parte de la presidenta del Estado, se encuentra agotado el orden del día", sentenció el vicepresidente del Senado, Milton Barón, al clausurar la sesión bicameral del parlamento en la que solo se escuchó el informe online de la presidenta de ese órgano, Eva Copa.
El mensaje que la presidenta transitoria debía presentar vía internet estaba en agenda, pero resultó excluido de la sesión parlamentaria tras anunciarse oficialmente que Áñez no había cumplido el mandato constitucional de presentar un informe escrito de labores.
La gobernante-candidata leyó posteriormente su discurso por la televisión estatal, en el cual reiteró su condena a los pasados gobiernos del Movimiento Al Socialismo (izquierda) de Evo Morales (2006-2019) y al Parlamento controlado por ese partido, y emplazó al Tribunal Supremo Electoral a garantizar las elecciones de octubre.
Cadena de roces
Los desencuentros habían comenzado temprano, en una ceremonia de izado de banderas, y se extendieron hasta una celebración oficial en la catedral católica vecina al Palacio de Gobierno, a la cual la presidenta y jefes militares asistieron en contradicción con el carácter laico del Estado.
Áñez —quien arguyó un supuesto aislamiento sanitario para no acudir personalmente a presentar su informe al Parlamento— participó en la ceremonia de banderas frente al Palacio de Gobierno, a diferencia de Copa que seguía en aislamiento domiciliario recuperándose de COVID-19.
En la sesión legislativa, las primeras palabras de la líder del parlamento, militante del MAS, fueron para pedir un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de la pandemia de COVID-19 "y también por los que perdieron la vida en defensa de los recursos naturales y la democracia durante las masacres de noviembre".
Esta alusión a las masacres, denunciadas por organismos internacionales de derechos humanos, fue respondida por Áñez en su discurso con el argumento de que se trató de acciones de "pacificación" para aplacar a los "violentos de octubre", en referencia a los partidarios de Morales.
La líder parlamentaria, en su discurso censurado en gran parte por la televisión estatal que hacía la transmisión oficial, acusó al Gobierno transitorio de las masacres y otras violaciones de derechos humanos.
Señaló también un "manejo irregular" que habría puesto al borde de la quiebra a las principales empresas públicas, como la aerolínea BoA, la petrolera YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) y la telefónica Entel.
Denunció además que el Gobierno interfiere el trabajo de comisiones especiales creadas por el parlamento para investigar varios supuestos hechos de corrupción, incluida una compra de 170 respiradores para la lucha contra la COVID-19, que resultaron inservibles y con sobreprecio, según instituciones médicas.
La presidenta, que había cuestionado la viabilidad de elecciones generales el 6 de septiembre, criticó al Tribunal Supremo Electoral por haber aplazado los comicios hasta el 18 de octubre.
"Con el juego infantil de mover la fecha sin consultar a los candidatos no ayudan a las estabilidad y más bien crean condiciones para que los violentos de octubre vuelvan a sus andadas", afirmó Áñez en su discurso de tono electoral en el que criticó a todos los demás candidatos.
La gobernante acusó de nuevo al MAS de bloquear en el parlamento créditos externos que podrían ser utilizados en el pago de bonos a ancianos y llamó a un amplio pacto político en favor de ese beneficio de alivio por la pandemia.
