"Un total de 50 funcionarios del CICPC realizaron una supervisión en las distintas pensiones (viviendas en las que rentan habitaciones) ubicadas en la parroquia San Juan, con el fin de evitar que connacionales que hayan evadido controles sanitarios contra el COVID-19 establecidos en la frontera del país se oculten en estas residencias", dijo Salazar a través del canal de Estado Venezolana de Televisión.
El funcionario indicó que tienen un reporte actualizado de las personas que viven en esas casas, lo que les permite detectar a tiempo si llegase a ingresar un ciudadano proveniente de otro país por vías ilegales.
Salazar instó a los ciudadanos a denunciar esos casos, y así evitar que las comunidades se conviertan en foco de contagio del coronavirus.
La Fuerza Armada venezolana destruyó el miércoles tres pasos ilegales en el estado Táchira (oeste), fronterizo con Colombia, para evitar el ingreso ilícito de ciudadanos desde ese país.
El Gobierno venezolano denunció que migrantes de su país ingresan por esas vías ilegales para evadir los controles sanitarios contra el COVID-19 y no cumplir la cuarentena en los Puntos de Atención Social Integral (PASI).
Además, el ejecutivo responsabilizó a los trocheros del incremento de casos de coronavirus en esa nación sudamericana.
El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana aseguró que hasta la fecha han capturado 1.136 trocheros en pasos ilegales en todas las fronteras del país.