"Este año no se tendría que haber desmontado casi nada, porque no forma parte de las actividades permitidas", alerta en diálogo con Sputnik el coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace Argentina, Hernán Giardini.
La jurisdicción de Santiago del Estero (norte) es el distrito con más deforestación. Acumula 12.488 hectáreas de desmonte. Le sigue Salta (norte), con 7.755 hectáreas, Formosa (norte), con 5.294 hectáreas, y Chaco (norte), con 3.690 más.
Este último distrito sí ha realizado alguna intervención, mediante advertencias públicas y algunas denuncias penales. Pero las otras tres provincias probablemente han hecho menos controles que el año pasado, según Giardini.
Amenazas latentes
"La deforestación hacer perder bosque nativo de manera que queda muy fragmentado, como si fuera un queso gruyere", ilustra el coordinador. "Eso impacta de manera directa sobre grandes mamíferos, que se encuentran en el camino con alambrados y fincas ganaderas o agrícolas. El yaguareté, por ejemplo, necesita unas 40.000 hectáreas de bosque continuo para sobrevivir".
De hecho, Greenpeace presentó hace un año un amparo judicial ante la Corte Suprema porque en la zona del Gran Chaco (norte) apenas quedan 20 ejemplares del yaguareté, un felino en peligro de extinción.
A la conflictividad social que genera la deforestación se le suman los desastres naturales que agravan aún más la emergencia climática. Greenpeace constata que en los últimos años han aumentado las inundaciones en Salta y Chaco al haber perdido los bosques como esponja natural. En consecuencia mueren animales y se malogran cosechas, por lo que además este fenómeno trae aparejadas pérdidas económicas.
La organización no gubernamental ha denunciado en las últimas tres décadas a 313 empresas por deforestar de manera ilegal y contribuir al avance de la frontera agropecuaria.
Ley en papel mojado
La deforestación en Argentina comenzó a mediados de los años 90 con un avance de la soja transgénica que se asentó en la región pampeana, en el corazón del país, y que en los últimos años se ha trasladado hacia el norte con la reciente expansión de la ganadería.
La Ley de Bosques nº 26.331, aprobada a finales de 2007 y promulgada en febrero de 2009, obligó a cada provincia a realizar un ordenamiento territorial. El 79% de los bosques nativos de toda la nación se encuentran protegidos por dos categorías de conservación que impiden su deforestación.
Es decir, la ley protege en teoría 42,6 de las 53,8 millones hectáreas de bosques nativos que tiene Argentina. Sólo una tercera categoría permite el desmonte a través de un permiso autorizado que debe seguir a una evaluación de impacto ambiental y a una audiencia pública. Desde la sanción de la normativa, sin embargo, ya fueron deforestadas casi un millón de hectáreas protegidas en Santiago del Estero, Formosa, Salta y Chaco.
La violación de la ley proviene incluso de los propios gobiernos provinciales, de quienes dependen los recursos naturales.
"No cumplir con la Ley de Bosques implica una multa en muchos casos muy baja en relación al negocio de la deforestación", aclara Giardini. "Los propios Ejecutivos provinciales otorgan excepciones a grandes terratenientes para que desmonten en territorios protegidos mediante decretos de menor valor que la legislación nacional".
El Gobierno nacional también es responsable al no realizar controles sobre las provincias y al alentar a toda costa la expansión de actividades agrícolas y ganaderas con fines de exportación.
No hay viveros forestales para suplir el nivel de deforestación y tampoco alcanza el tiempo, pues el bosque tarda 30 años en restituirse.
