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Tribunal de Ecuador condena por secuestro a exjefe de Inteligencia de Rafael Correa

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QUITO (Sputnik) — El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador sentenció a nueve años de cárcel a Pablo Romero Quezada, exjefe del Servicio Nacional de Inteligencia del Gobierno de Rafael Correa (2007-2017).
"Por unanimidad, Tribunal de la Corte Nacional de Justicia sentenció a Pablo R. Q, exsecretario Nacional de Inteligencia, a nueve años de pena privativa de libertad, como autor mediato del delito de secuestro agravado, cometido contra Fernando Balda en Bogotá-Colombia, el 13 de agosto de 2012", dijo la Fiscalía de la Nación en un comunicado.

La Fiscalía aseguró que el delito se ejecutó con recursos públicos provenientes de la cuenta de gastos especiales de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) y que fue coordinado desde Ecuador por Romero Quezada, entonces titular de esa institución.

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Agregó que durante el proceso se demostró la existencia del delito así como la participación del sentenciado en el secuestro de Balda, un opositor político de Correa, quien además fue víctima de malos tratos durante el plagio.

Además de cumplir la pena de nueve años de cárcel, el sentenciado deberá colocar una placa en el Centro de Inteligencia Estratégica (institución que reemplazó a la Senain), con una leyenda que diga que el sistema de inteligencia y contrainteligencia de Ecuador no puede perseguir a ciudadanos, sino protegerlos.

Romero además deberá pedir disculpas públicas y publicar el fallo en uno de los diarios de mayor circulación nacional.

El secuestro de Balda fue ejecutado por cinco personas, que fueron sentenciadas a 60 meses de prisión en Colombia.

El hecho fue observado por varios taxistas en Colombia, quienes alertaron a las autoridades policiales que efectuaron un operativo, ubicaron el vehículo y lo rescataron.

Hace más de un año, en Ecuador, los exagentes de Policía Raúl Chicaiza y Diana Falcón fueron condenados a 21 meses de pena privativa de libertad por este caso.

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La cooperación brindada por ambos exagentes fue clave para la vinculación en el proceso y llamamiento a juicio tanto a Romero como al expresidente Correa.

El exmandatario tiene vigente una orden de prisión preventiva y debe responder a la justicia por este caso, por el cual se lo considera prófugo.

Además, contra Correa pesa una sentencia a 8 años de cárcel (confirmada en segunda instancia) por el denominado caso Sobornos 2012-2016, sobre una trama de corrupción para la financiación ilegal del oficialista partido político, Alianza País, en ese entonces dirigido por el exmandatario.

Correa al momento reside en Bélgica, país de origen de su esposa, niega las acusaciones en los dos casos y se ha declarado un perseguido político.

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