El nombre de Vladimir Roslik es uno de los más simbólicos entre la lista de detenidos, desaparecidos y asesinados por la dictadura cívico-militar que gobernó Uruguay entre 1973 y 1985 por ser el último asesinato antes del retorno a la democracia. Pero a pesar de su importancia, el crimen de aquel joven médico descendiente de rusos sigue sin ser investigado.
Roslik murió el 16 de abril de 1984 dentro de las instalaciones del Batallón de Infantería N°9 que el Ejército de Uruguay tiene en Fray Bentos, capital del departamento de Río Negro, en el litoral oeste del país. Roslik, que se recibió de médico en la Universidad Amistad de los Pueblos de Moscú, en la Unión Soviética, había sido detenido dos días por efectivos militares, sin que hubiera cometido delito alguno.
Tal como consigna el fiscal especializado de Delitos de Lesa Humanidad, Carlos Perciballe, en un recurso presentado en mayo de 2020 con el que pretende reabrir el caso, al momento de su muerte Roslik tenía 43 años y se desempeñaba como médico de Medicina General en la colonia San Javier, un poblado fundado por migrantes rusos en el departamento de Río Negro.
De hecho, Roslik fue detenido el 14 de abril de 1984 durante un operativo militar realizado durante la madrugada en busca de varios habitantes del pueblo de descendientes rusos. Un artículo en la web del PCU recuerda que ese día junto con Roslik fueron detenidos otros seis jóvenes —todos con apellido ruso— en el marco de una persecución contra los habitantes del pueblo debido a sospechas de "actividades subversivas".
Luego de su muerte, una primera autopsia practicada por el médico militar Eduardo Saíz Pedrini consignó que Roslik había muerto por un "paro cardio-respiratorio", sin aportar más detalles. En cambio, una segunda autopsia —realizada bajo autorización judicial y con la presencia de un médico de confianza de la familia, reveló "signos directos e indirectos de asfixia" y explicó el deceso por "anemia aguda; síndrome asfictivo".
El cuerpo también presentaba, según detectó el médico que representó a la familia, una decena de hematomas en diferentes partes del cuerpo, un desgarro en el hígado y contenido gástrico en el pulmón izquierdo.
¿Cosa juzgada?
A pesar de la trascendencia del caso, el derrotero judicial del crimen de Roslik no fue auspicioso para sus familiares. El crimen fue derivado en aquella época a la Justicia Militar, que procesó al mayor Sergio Caubarrere por "ataque a la fuerza moral de las Fuerzas Armadas por abuso de autoridad y homicidio culpable" y lo condenó a una pena de dos años de penitenciaría, de la que solamente cumplió cuatro meses y 18 días.
Dos años después del crimen de Roslik, el Parlamento uruguayo que reinauguraba la democracia aprobó la denominada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, con la que se impedía al Poder Judicial investigar los crímenes cometidos por militares durante la dictadura.
Tras dos intentos fallidos de derogarla a través de plebiscitos, los efectos de la ley quedaron sin efecto en 2011, tras la aprobación de una "ley interpretativa" permitió reabrir la causa y llevarla ante la Justicia ordinaria.
En diálogo con Sputnik, el fiscal de Lesa Humanidad Perciballe aseguró que en el caso de Roslik se dieron "todos los condimentos de lo que en la jurisprudencia internacional se entiende por cosa juzgada fraudulenta".
En ese sentido, el fiscal explicó que la Justicia Militar no actuó con las garantías de la Justicia ordinaria e imputó un homicidio culpable —figura reservada para la muerte accidental— cuando, según el fiscal, queda claro que se trató de "un homicidio intencional y muy especialmente agravado".
Para Perciballe, el argumento de que el delito ya prescribió por haber pasado más de veinte años tampoco es de recibo, dado que la muerte en el marco de torturas por parte de efectivos militares se inscribe en la figura de delito de lesa humanidad, que no tiene fecha de prescripción.
Con estos argumentos, y a pedido de la viuda y el hijo de Roslik, Perciballe había solicitado la reapertura de la causa en 2018. En 2019 llegaron dos negativas por parte de una jueza y un Tribunal de Apelaciones que volvieron a esgrimir la figura de la "cosa juzgada". Por eso, en el mes de mayo de 2020 presentó un recurso de casación para que la Suprema Corte de Justicia uruguaya resuelva si corresponde o no reabrir la causa.
El candidato relacionado al caso y el futuro de la investigación
"Fue el último muerto de la dictadura en esas condiciones y se trataba de un médico, en un pueblo, a escasos meses de la llegada de la democracia. No es un tema menor, es un tema que hace al Estado", sintetizó Perciballe en relación a la importancia del caso.
Mientras la Suprema Corte estudia el expediente —Perciballe recordó que cada uno de los cinco ministros tiene un plazo—, el caso volvió a las páginas de los diarios por la reciente declaración de un candidato a alcalde.
Se trata de Alberto Loitey, candidato a intendente del departamento de Soriano (limítrofe con Río Negro) por el partido de ultra derecha Cabildo Abierto (fundado en 2019 por el excomandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos).
Loitey reconoció haber sido parte del batallón que participó en la detención y posterior muerte de Roslik. En una entrevista con el medio El Eco y recogida por el periódico La Diaria, Loitey recordó que cuando detuvieron a Roslik "estaba en la unidad prestando servicios, era oficial del batallón".
Loitey dijo no recordar a Roslik y aseguró no haber cometido "apremios físicos" contra el médico asesinado.
Perciballe evitó referirse a si Loitey podría ser citado a declarar por la causa, dado que aún no se reabrió y comprometería las garantías del proceso. En cambio, sí adelantó que de abrirse la causa revisará las actuaciones de la Justicia Militar y los avances que había llegado a hacer la Justicia ordinaria para luego solicitar "un conjunto de elementos probatorios nuevos".
"Ahí tendremos que empezar de cero, en el sentido de hacer una investigación en serio, fundada y direccionada a establecer la verdad, que es lo que no sucedió hasta el momento", resumió.
