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Lo que está detrás de la propuesta de AMLO de consulta ciudadana para enjuiciar a expresidentes

© REUTERS / Henry RomeroEl presidente de México, Andrés Manuel López Obrador
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Ante la posibilidad de que los expresidentes de México Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón sean llamados a declarar tras las acusaciones por su presunta participación en el caso Odebrecht, el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su intención de someter a consulta ciudadana la decisión de juzgar a sus antecesores.

"¿Por qué voy a ser yo el verdugo político? ¿Qué no lo podemos resolver entre todos? Yo no quiero que se vaya a pensar que me estoy vengando, [que] como me robaron la presidencia estoy molesto, [que] no he superado el que nos hayan robado la presidencia. Porque no solo fue a mí, sino a todo el pueblo que hayan impuesto las reformas energética, fiscal, laboral, la educativa y que piensen que ahora voy a juzgarlos, no", comentó.

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Días antes, el Partido del Trabajo (PT), uno de los miembros de la coalición electoral que respaldó la candidatura presidencial de López Obrador en 2018, anunció su intención para lograr que al menos un tercio de los 500 diputados federales respalde la realización de la consulta ciudadana sobre este tema respecto a los últimos cinco expresidentes.

Con ello, se lograría que este procedimiento se realice el mismo día de las elecciones intermedias federales, programadas para el 6 de junio de 2021. Esta posibilidad, según expertos consultados por Sputnik, lleva a cuestionarse sobre las intenciones que podrían existir para promover este ejercicio.

"El presidente quiere dar la imagen de ser un gran demócrata. Considera que, a través de la consulta popular, la justicia y la ley se deben acatar en función de la voz del pueblo. Pero la voz del pueblo ya se manifestó a través de las instituciones del Estado mexicano. Nuestra democracia es representativa y tiene muy establecidos los mecanismos y existe el estado de derecho", expresó Edgar Ortiz Arellano, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Para este analista, la propuesta es parte de la estrategia mediática que el presidente mexicano ha seguido para exacerbar los ánimos de la ciudadanía de cara a las elecciones de 2021. Sin embargo, consideró que esta actitud abona muy poco a enfrentar los diversos problemas que aquejan actualmente al país.

"El presidente debe de ser ejemplo de la aplicación irrestricta de la ley. Es decir, si los expresidentes cometieron algún delito, la Fiscalía General de la República tendrá que demostrarlo… Mientras tanto, llamar al pueblo a una consulta para ver si los 'perdonamos', o si los castigamos por sus delitos, a todas luces no abona a la democracia, ni a las instituciones, ni a la ley, ni al estado de derecho, ni a la situación tan grave que atraviesa el país", aseveró.

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A su vez, Rosendo Bolívar Meza, profesor-investigador del Instituto Politécnico Nacional (IPN), recordó que, en los primeros meses de su Gobierno, López Obrador propuso poner punto final a la posibilidad de perseguir los casos de corrupción asociados con sus antecesores. Las críticas generadas por esa propuesta lo llevaron a cambiar su postura.

Aunque el especialista señaló que la consulta es un ejercicio que busca legitimar la eventual persecución judicial contra expresidentes, llamó la atención sobre la necesidad de que, independientemente de su realización, la ley sea aplicada en estos casos.

"Creo que hay un error de principio por parte de López Obrador. Si la Fiscalía —que ya es autónoma— considera que un expresidente debe ser llamado a declarar y cometió algún delito, el Ejecutivo no debe entrometerse en eso. La cuestión legal debe quedar en manos de la Fiscalía y, si el fiscal dice que hay que aplicar la sanción con base en lo que dice la ley, con consulta o sin consulta se debe de hacer", explicó.

Rosendo Bolívar también subrayó la situación contextual de esta propuesta, ya que la recuperación de esta idea se da a pocos meses de que se lleven a cabo elecciones a nivel federal.

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"Hay una connotación de carácter político, es decir, seguir manejando el caso con fin electoral, para el proceso de 2021, para 'quemar' candidatos de otros partidos, evidenciar que hubo quienes realizaron actos de corrupción. Por parte del Ejecutivo y los partidos, se está usando con fines políticos, y eso no nos debe espantar. Pero a mí me preocuparía que la cuestión legal no se aplicara, anteponiéndola a cuestiones políticas y partidistas", advirtió.

Asimismo, Edgar Ortiz señaló que la propuesta del PT para impulsar la realización de la consulta desde la Cámara de diputados se inscribe en el mismo intento por aprovechar las acusaciones de corrupción contra la oposición al Gobierno de cara a la elección intermedia.

"El PT es un partido muy aliado al presidente López Obrador. Además, es un partido que se ha caracterizado por el oportunismo político, por lo que me parece que está aprovechando esta situación para congraciarse con el presidente y, de alguna manera, también centrarse en el tema [acusaciones de corrupción contra los expresidentes] con vísperas a las elecciones del próximo año", dijo.
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