"Declararán como testigos exdirectivos de Interpol", adelantaron a Sputnik fuentes judiciales.
Fernández, quien gobernó Argentina entre 2007 y 2015, está imputada por esta causa.
La investigación se asienta en la denuncia contra la exmandataria presentada por el hoy fallecido fiscal Alberto Nisman, por el supuesto encubrimiento de los iraníes sospechosos del atentado a la mutual judía, en el que murieron 86 personas.
Las declaraciones se realizarán por videoconferencia en octubre y son consideradas medidas de prueba anticipadas antes del inicio del juicio oral, de acuerdo a la resolución adoptada por la jueza Gabriela Lopez Iñiguez, y los jueces José Michillini y Daniel Obligado.
El exsecretario de Interpol siempre sostuvo que el pacto con Irán nunca modificó la vigencia de las alertas rojas sobre los iraníes acusados del atentado, de modo que su declaración podría hacer caer toda la causa.
En una nota publicada por el diario Pagina 12 en enero de 2015, Noble aseguró que ningún integrante del Gobierno argentino intentó nunca que se cancelaran las alertas rojos contra los funcionarios iraníes.
"En los últimos dos días, me sorprendió totalmente escuchar semejantes afirmaciones falsas que se atribuyen a la denuncia del señor Nisman, a quien conozco", señaló entonces Noble.
Posible juicio
El tribunal, por otro lado, fijó para el 14 de diciembre la audiencia en la que se definirá la fecha de inicio del juicio oral y público en el que será juzgada la actual vicepresidenta.
Como responsable de la Unidad Fiscal de Investigación encargada de esclarecer el atentado de 1994 a la sede de la AMIA, Nisman acusó, cuatro días antes de morir, a la entonces presidenta Cristina Fernández de encubrir a funcionarios iraníes acusados por la justicia argentina de estar detrás del ataque.
El fiscal fue hallado muerto de un tiro en la sien detrás de la puerta cerrada de su baño, el 18 de enero de 2015, un día antes de sustentar su denuncia ante el Congreso.
El procesamiento contra la ahora vicepresidenta se basó en el memorando que firmó en 2013 con el Gobierno del entonces presidente iraní Mahmud Ahmadineyad, para habilitar los interrogatorios de los iraníes acusados.
El memorando no llegó a entrar en vigor porque no fue ratificado por el parlamento iraní y fue después declarado inconstitucional por la justicia argentina.
