En esta ocasión, expresó la posibilidad de plantear este ejercicio directamente, en caso de que ningún ciudadano o el Congreso mexicano lo lleven a cabo.
"Lo que propongo es que, al mismo tiempo que la Fiscalía General y el Poder Judicial van resolviendo, se puede hacer una consulta. Que sea la gente la que decida, que los decidamos entre todos", comentó.
"Repito, no quiero ser yo verdugo. No es mi fuerte la venganza. Que lo decidamos entre todos. Aquí quiero hacer una aclaración… De acuerdo a la ley, para hacer una consulta, sólo hay un plazo si no estoy equivocado. Lo planteo porque ayer estuve revisando la Constitución y la ley de la materia, y va a ser interesante que sepamos todos", subrayó.
Sobre esto, el presidente mexicano recordó que para hacer la consulta se debe hacer la solicitud correspondiente del 1 al 15 de septiembre. Según la ley, los únicos actores que pueden solicitarla son el presidente de la República, una tercera parte de los legisladores de la Cámara de Diputados o de Senadores, o bien, el 2% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral.
En el caso de que la solicitud provenga del presidente o de algún legislador, ésta deberá ser aprobada en las cámaras. Aunque, si proviene de las firmas ciudadanas, va directo a la Suprema Corte de Justicia, quien es la encargada de dictaminar si la materia a analizar es constitucional. De aceptarla, la solicitud es entregada al Instituto Nacional Electoral (INE), entidad que se encargará de organizar la consulta.
"Estoy informando a tiempo, lo mejor sería que las firmas las aportaran los ciudadanos… la segunda posibilidad es que lo hagan legisladores, y la tercera es que lo solicite el presidente. Yo voy a decidir hasta el final, pero no descarto la posibilidad de hacerlo", dijo.
El 12 de agosto, el Partido del Trabajo (PT), uno de los aliados del presidente López Obrador en el Congreso, anunció su intención de impulsar la consulta ciudadana desde la Cámara de Diputados. Según el legislador Benjamín Robles, la intención de su partido es que este proceso se celebre de manera paralela a las elecciones intermedias del año próximo, programadas para el 6 de junio.
Este fraude se habría consolidado en la administración de Peña Nieto (2012-2018), luego de que se confirmó la realización de esa obra y la entrega de nuevos contratos a Odebrecht. En este caso, el antecesor de López Obrador recibió sobornos por parte de la empresa brasileña para financiar su campaña presidencial.
Asimismo, Lozoya denunció presuntas presiones por parte del expresidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) para entregar recursos y contratos a integrantes del Partido Acción Nacional (PAN), así como a su hijo tras la pérdida de un contrato.
