El organismo señaló en un comunicado que "con la separación definitiva del entonces congresista a su curul desaparece el fuero que la Constitución le otorgaba, por lo que la Corte Suprema solo podrá conocer de los procesos en los que los presuntos delitos tuvieran relación directa con su función de congresista" y no "con los procesos que tengan relación con delitos comunes".
Investigaciones de la Corte darían cuenta de que con dicha manipulación de testigos Uribe buscaba que los exparamilitares cambiaran su versión y en cambio declararan en contra del senador de izquierda Iván Cepeda, uno de sus más fuertes contradictores y que habría logrado obtener los testimonios de esos testigos, que señalaron a Uribe de conformar un grupo paramilitar.
Ante esa situación Uribe —quien ha pedido que el expediente en su contra se haga público— presentó su renuncia al Senado el pasado 18 de agosto, con lo cual perdió su investidura como senador y ahora puede ser investigado por la Fiscalía.
Sin embargo, los antagonistas políticos de Uribe consideran que la Fiscalía podría beneficiar al expresidente (2002-2010), ya que el fiscal General, Francisco Barbosa, es un amigo cercano del presidente Iván Duque, quien a su vez es el delfín político de Uribe.
En su comunicado de este 25 de agosto, la Procuraduría subraya que "con la renuncia desaparece la competencia de la Sala Especial de Instrucción, toda vez que los cargos por los que es investigado el exsenador corresponden a delitos comunes que no tienen relación con la función de congresista".
En su análisis, la Procuraduría estableció que la CSJ no relacionó los presuntos delitos de Uribe con la necesidad de consolidar un abuso de poder como senador que le permitiera influir en los electores o consolidar su dominio y el posicionamiento en el cargo.
"No hay prueba de que el doctor Uribe hubiere comportado un ejercicio abusivo de sus funciones o eficaz para acceder a la posición de poder", señaló la Procuraduría.
Uribe, quien habría cometido la manipulación de los testigos en 2018, es decir, en su cargo como senador, sostiene que su proceso tiene motivaciones políticas, por lo que con su renuncia confía en que su caso pase a la Fiscalía.
Si la CSJ decide mantener el caso, podrá evaluar si cierra el caso contra Uribe o si decide llamarlo a juicio.
De ser hallado culpable, el expresidente, quien es el primero en la historia de Colombia en ser detenido por una investigación, podría enfrentar una pena de hasta ocho años en prisión.
