Pasada una semana de la segunda fase de reapertura económica, la pandemia de COVID-19 pudiera parecer un mal sueño, el menor de los males de una nación donde el debate de turno es la supuesta reducción en los contagios diarios.
De aquel 9 de agosto a la fecha, el reporte diario de datos mostró un descenso observado con recelo por la comunidad académica: el científico Oscar Picardo lo definió en un artículo como "soñado, ordenado, progresivo y perfecto".
Al experto, protagonista de diferencias públicas con el jefe de Estado, le parece que la baja en la curva de contagios, sin entendimiento político ni un enfoque epidemiológico en el país, responde más al marketing que a las matemáticas.
"Desgraciadamente no confiamos en los datos oficiales del gobierno, por la forma en que se han presentado", expresó a su vez el doctor Milton Brizuela, presidente del Colegio Médico de El Salvador, entrevistado por la cadena TCS.
En este escenario, Bukele advirtió desde su cuenta en la red social Twitter que la apertura traería consigo un repunte en los casos, aunque espera que sea menor que en junio pasado, tras el cese de la cuarentena total impuesta en marzo.
Transporte, el viejo mal sin cura
Quizás lo más visible de esta fase sea el regreso del transporte público, coto habitual de extorsionistas y asaltadores, mal necesario para el trabajador, y terror de los vehículos que comparten calle con buses y microbuses en su intensa lucha por el pasaje.
Las calles lucían inquietantemente desoladas desde el 7 de mayo, cuando el Ejecutivo ordenó a los empresarios del transporte colectivo guardar sus unidades de servicio público por la pandemia, una medida que persistió hasta el pasado 24 de agosto.
Los dueños de ómnibus y micros reclaman la adjudicación de un bono de 12 millones de dólares, el cual deberá aprobar la Asamblea Legislativa (Parlamento), y que les permita afrontar los abundantes gastos de la actual coyuntura.
Según una investigación de la revista Disruptiva, desinfectar cada una de las unidades cuesta unos 100 dólares a la semana, más otros costos que deben asumir los empresarios moviendo menos pasajeros, y sin poderles cobrar más.
De momento, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte ya alcanzó un acuerdo con los empresarios para impedir el paro, tras comprometerse a pagar una compensación de 66,2 millones de dólares para un rubro que mueve diariamente a unas 350.000 personas.
Durante la primera semana circuló apenas el 70% de las unidades del transporte público en el país, pero en los próximos días ya volverán todas las rutas a unas calles que lucen cada vez más atestadas, y con un significativo repunte en los accidentes de tránsito.
Abren templos y negocios
En esta fase también fueron reanudados los servicios religiosos: las iglesias abrieron sus puertas a la feligresía, aunque los fieles solo pasaron después de tomarse la temperatura, untar sus manos con alcohol gel y cubrir su rostro con mascarillas.
De hecho, el manejo gubernamental de la reapertura económica también ha sido objeto de críticas y alabanzas, con el presunto interés de marcar una matriz de opinión o sacarle un rédito en los comicios legislativos y municipales de febrero próximo.
Así, la oposición afirma que la reapertura ha sido improvisada y desorganizada, mientras el oficialismo amplifica sus estadísticas favorables, y aclara que se avanzó a esta segunda fase porque así lo ordenó la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
A juzgar por la experiencia de naciones vecinas que registraron repuntes en los contagios tras abrir sus economías, existe la posibilidad de que el COVID-19 recupere fuerzas en El Salvador, con su correspondiente costo político, económico y social.
