El monto representa 2,1% de los 404 millones de pesos (casi 31 millones de dólares) que, según la denuncia del exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya Austin ante la Fiscalía General de la República (FGR), la administración de Peña Nieto repartió entre legisladores y dirigentes de partidos políticos para asegurar la aprobación de 13 reformas legales en el Congreso mexicano.
Bajo ese concepto, tanto la Secretaría de Gobernación, entonces a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong como el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), el Gobierno reportó la organización y renta de servicios para eventos, así como el pago de estudios relacionados con el convenio entre el Gobierno federal, en manos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y los principales representantes de oposición en el Congreso.
Los registros muestran que, para las reuniones privadas de los actores involucrados en el Pacto, se rentaron salones de hoteles, servicios de café, papelería y edecanes. Tras diez reuniones, la Secretaría de Gobernación reportó una erogación de 2.465.920 pesos mexicanos (alrededor de 195.000 dólares), lo que implica un gasto promedio de 246.592 pesos (19.500 dólares) por evento.
Según el exgobernador del estado de Oaxaca José Murat, el Pacto por México se concibió entre los dos principales miembros del equipo de transición de Enrique Peña Nieto: Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong. También participaron el entonces dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano y su expresidente, Jesús Ortega, junto al entonces presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero y el exsecretario de Gobernación durante el Gobierno de Vicente Fox, Santiago Creel.
Mediante este acuerdo, durante los primeros tres años de la administración de Peña Nieto se logró la aprobación de reformas en matera laboral, de competencia económica, telecomunicaciones, financiera, hacendaria, político-electoral, educativa, de seguridad social, energética, de transparencia y de procedimientos penales.
En un mensaje difundido el 11 de agosto, el fiscal general Alejandro Gertz Manero explicó que, en primera instancia, Lozoya entregó 120 millones de pesos a cinco senadores y un diputado, cuyos nombres no han sido publicados, por orden del presidente Peña Nieto y su entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.
Posteriormente, Lozoya recibió la instrucción de pagar 84 millones de pesos a varios legisladores, así como a un secretario de finanzas de un partido político. Al último de ellos también le entregó más de 200 millones de pesos con la intención de asegurar su aprobación a las reformas impulsadas por el Gobierno de Peña Nieto.
