"No dejes de buscarme": visibilizan con un vídeo el problema de los desaparecidos en México

Lanzada por el Movimiento por nuestros desaparecidos en México, la campaña #LesQueremosDeVuelta refleja los relatos de las familias con un ser querido desaparecido "porque nuestra voz es la principal impulsora de las políticas públicas en la materia", señalaron desde la organización.

El Movimiento por nuestros desaparecidos en México es uno de los variados colectivos y organizaciones civiles que nuclean a familiares de víctimas de desaparición forzada en México, un país que, según cifras oficiales, ya superó las 73.000 personas que han sido denunciadas como desaparecidas desde el año 2006 (sólo 1500 de estos casos ocurrieron antes de la fecha señalada).

Para el movimiento que lanzó la campaña es importante reconocer la importancia del vínculo que el Estado mexicano retomó con los organismos internacionales, como ocurrió después que México haya aceptado la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas para recibir casos de desaparecidos de manera individual; así como señalaron su exigencia de recibir al Comité en una visita oficial al país.

"Se hace necesario que la Secretaría de Relaciones Exteriores acate la instrucción presidencial de procesar la invitación al Comité contra la Desaparición Forzada para que concrete una visita oficial a México", sostienen desde el Movimiento por nuestros desaparecidos.

Hay otros puntos centrales que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene sin resolver:

1. La conformación y puesta en marcha del Grupo coordinador del Mecanismo extraordinario de identificación forense. Desde este Gobierno ha habido un reconocimiento de que la crisis del sistema forense —rebasado desde el inicio del proceso de muerte que significó el lanzamiento de la estrategia frontal de combate al crimen organizado— es responsable de que miles de personas hayan pasado años desaparecidas y continúen así. Sin embargo, el mecanismo para revertir esta crisis no está aún en marcha.
2. La adecuada implementación del Protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, que aunque aprobado aún no se ha consolidado debido a una "falta de coordinación" entre las instancias oficiales encargadas: la Comisión Nacional de Búsqueda, las comisiones estatales de búsqueda de los 32 estados de la república mexicana, la Fiscalía General de la Republica y las Fiscalías estatales locales.
3.  Los "importantes rezagos" en la armonización de las leyes locales referidas a la temática con las federales, que no han transitado ritmos similares.

Sin embargo, la objeción principal del movimiento refiere a la "obstaculización a la debida participación de las familias en algunas entidades de la república", que han interferido en los avances de un proceso tardado, operando en contra del derecho que asiste a las familias que han sido víctimas de desaparición forzada para ser parte de los procesos oficiales de investigación y búsqueda.