"La CCQ siempre ha cuestionado la intención permanente de imponer una nueva contribución extraordinaria, pues considera que en el momento económico que atraviesa el país una medida de este tipo no abona a la estabilidad jurídica y económica de las empresas, resta liquidez a un significativo grupo de empresas y genera incertidumbre sobre las inversiones", establece un comunicado emitido por la cámara.
La medida de Moreno está dirigida a 1.068 grandes empresas que pese a la pandemia de COVID-19, generaron utilidades durante los primeros seis meses de 2020.
Con este decreto, el Gobierno espera obtener una recaudación aproximada de 300 millones de dólares, valor que destinará a cubrir pagos al sector salud, así como para las principales necesidades sanitarias por el COVID-19.
29 de mayo 2020, 00:05 GMT
En agosto, la Corte Constitucional de Ecuador declaró inconstitucional el pago obligatorio del anticipo de este tributo, que Moreno ordenó mediante un decreto anterior.
Para la CCQ resulta contraproducente realizar un cobro de este tipo cuando el Estado aún no ha realizado los ajustes necesarios para optimizar y reducir el gasto, en especial el gasto corriente.
Al contrario, puntualiza el comunicado, en Ecuador no han cedido los casos de corrupción y hay un débil avance en la reestructuración de las instituciones del Estado.
