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El abecé del conflicto entre las víctimas de violaciones contra DDHH y el Gobierno de AMLO

© REUTERS / Edgard GarridoProtestas frente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México
Protestas frente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México - Sputnik Mundo
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El 2 de septiembre, un grupo de personas irrumpió en una sala del edificio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México para demandar que este organismo y otras instituciones gubernamentales resolvieran sus demandas.

Por la tarde fueron recibidos por la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, quien les recomendó regresar a sus estados para continuar sus trámites. Ante esta respuesta, Marcela Alemán, madre de una pequeña que fue víctima de abuso sexual en el estado de San Luis Potosí, decidió encadenarse a una silla de la sala.

"Cuando los abogados de la CNDH nos dijeron que debíamos regresar a San Luis Potosí a continuar el trámite de la denuncia por la violación que sufrió mi hija de cuatro años por parte de autoridades del colegio donde estudiaba, no pude más y explote…. Me encadené en la silla y ahí comenzó todo…. Ya no estaba dispuesta a permitir que me siguieran ignorando y dando largas… para qué me regreso a mi estado, si ahí solo recibo amenazas de muerte", indicó en entrevista con El Sol de México.

Desde ese día, Marcela, junto con otras 17 personas, decidió permanecer en la sala para demandar que las autoridades actúen en el caso de sus familiares, algunas víctimas de desapariciones, así como de violaciones a sus derechos.

En un comunicado, la CNDH anunció que el malentendido comenzó una vez que los inconformes acudieron a la sede de esta entidad para ser atendidos por el extitular de la Primera Visitaduría General, José Martínez Cruz. Al no ser recibidos, comenzaron el plantón.

Sin embargo, a partir del 4 de septiembre la protesta escaló. Los ocupantes recibieron el apoyo de representantes de colectivos de víctimas y grupos feministas. Varios de ellos acudieron a las oficinas de la CNDH en la Ciudad de México y desalojaron a los trabajadores. Poco después informaron que el edificio sería convertido en un refugio para las víctimas.

Aunque Marcela Alemán se retiró el 5 de septiembre, la toma continuó. Yesenia Zamudio, representante del Frente Ni Una Menos, deslindó a Alemán de la continuación de la protesta, al tiempo que acusó que Rosario Piedra abandonó a muchas otras víctimas, quienes decidieron apoderarse del edificio de la CNDH. También señaló que en otros estados se planeaban tomas similares para exigir a las autoridades locales que investiguen y resuelven los casos pendientes.

El 7 de septiembre, una comisión de cinco funcionarios de la CNDH acudió al sitio para dialogar con las víctimas. Sin embargo, al demandar que salieran del lugar, los familiares que habían aceptado participar decidieron no separarse del resto de manifestantes y permanecieron dentro del edificio.

Aunque la CNDH pidió continuar el diálogo, los integrantes de los colectivos presentes en la protesta demandaron que ningún representante de esa Comisión ha hecho contacto directo con ellas. Del mismo modo, comenzaron a vandalizar el lugar: pintaron sobre cuadros de personajes históricos, arrancaron placas de la CNDH y quemaron papeles y páginas de un libro escrito por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Del mismo modo, algunos manifestantes salieron a los balcones del edificio para mostrar la despensa que los trabajadores guardaban en el lugar. Entre los alimentos exhibidos se encontraban cortes finos como rib eye, tira de asado, costillas, bife, diversos quesos, lasaña, spaghetti, helado y chongos zamoranos.

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Ante ello, Rosario Piedra emitió un comunicado donde llamó a los manifestantes a liberar las instalaciones, e igualmente aseguró que "no son oficinas burocráticas, son centros de recepción y atención de quejas para defender los derechos humanos".

Pese a ello, los funcionarios de la CNDH en el sitio se retiraron por la noche. A su vez, las manifestantes cerraron las puertas del edificio, en el que se mantienen resguardadas hasta el 8 de septiembre.

Tras lo ocurrido, Andrés Manuel López Obrador afirmó que Rosario Piedra y la Secretaría de Gobernación (Segob) atenderán las peticiones de las víctimas que permanecen en la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Ciudad de México. Aunque consideró que las demandas de los inconformes son justas, acusó que este caso es utilizado para mostrar el encono que existe en algunos sectores contra de la titular de la CNDH.

"Dialogo, sí, pero yo creo que es otro tipo de situación; hay una demanda justa, pero ya se convirtió en un asunto político, abrazado por el conservadurismo. Sobre todo, de los grupos conservadores, por la mamá, por doña Rosario [Ibarra de Piedra], y por el hermano desaparecido", acusó el mandatario.

Asimismo, López Obrador comentó que el Gobierno mexicano era el principal violador de los derechos humanos, por lo que en su administración se está apostando a recuperar la paz y la justicia. No obstante, criticó que las manifestantes vandalizaran el edificio de la CNDH.

"Entiendo que hay mucho dolor. Los familiares de las víctimas están en su derecho de manifestarse, pero no creo que ese sea el camino, la violencia no se puede atacar con más violencia. Ojalá se encuentren otras maneras, que no sea a través de la violencia", comentó.

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