La fecha está marcada en rojo en el calendario político español: Torra se enfrenta a una posible salida de la Generalitat catalana si el alto tribunal se muestra de acuerdo con la sentencia de diciembre de 2019 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Tanto Torra como su entorno, el partido Junts per Catalunya (JxCat), y el resto de formaciones independentistas asumen que la decisión irá en su contra.
"No espero otra decisión que no sea la inhabilitación", afirmó el propio presidente en una entrevista con la televisión catalana el pasado 31 de agosto.
A medida que se acerca la cita judicial crece la incertidumbre en el seno del Ejecutivo catalán, ya que sus dirigentes todavía carecen de estrategia ante un eventual escenario en que su president quede cesado.
Más de un año de periplo judicial
El tribunal catalán condenó a Torra a un año y medio de inhabilitación para cualquier cargo público al considerar que cometió un delito de desobediencia cuando se negó a retirar de edificios públicos unas pancartas independentistas.
"No cumplí. Dicho de otra manera, sí, desobedecí", admitió Torra durante el juicio que se celebró en Barcelona, aunque poco después de la condena presentó un recurso ante el Supremo para tratar de impugnarla.
Su situación judicial provocó además que el Parlamento catalán presidido por los independentistas de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) le retirara su condición de diputado, haciendo mella en la unidad de la coalición JxCat-ERC y propiciando que Torra anunciara el fin de la legislatura y futuras elecciones.
Meses después de la ruptura del consenso independentista, Torra sigue sin fijar fecha electoral y es improbable que lo haga antes de la decisión del Supremo, por lo que el Gobierno catalán entra en terreno desconocido si se hace efectiva la inhabilitación.
¿Quién tomará las riendas del Gobierno catalán?
Si el tribunal que juzga al presidente catalán ratifica la sentencia, el procedimiento a seguir está indicado en la Ley de la Presidencia de Cataluña.
El documento indica que el vicepresidente Pere Aragonés se convertiría automáticamente en presidente interino, una posición con competencias limitadas que no le permitiría cesar a miembros del Ejecutivo ni convocar elecciones.
En paralelo se activaría un proceso para que el Parlamento designe a un nuevo candidato, pero Torra ya pidió hace unos días a los partidos independentistas que no presenten a un sucesor.
Sin una propuesta para presidenciable, queda un resquicio legal que permitiría al presidente del Parlamento, Roger Torrent, comunicar a la Cámara la imposibilidad de investidura y activar el plazo para la convocatoria automática de elecciones.
Si Torrent optara por esta herramienta, que ya contemplaron los letrados de la cámara en enero de 2018 cuando se estudiaba la investidura de Carles Puigdemont, los eventuales comicios podrían celebrarse a principios de 2021.
Presión para una convocatoria electoral
Ante la posibilidad de que el Gobierno quede limitado por unos meses, los socios de Esquerra Republicana y la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) siguen insistiendo a Torra para que fije una fecha para elecciones antes del 17 de septiembre.
"Llegar al escenario de una eventual inhabilitación de un presidente sin haber pactado una estrategia es una irresponsabilidad", manifestó en una reciente entrevista desde la prisión el vicepresidente catalán y líder de ERC, Oriol Junqueras.
El dirigente encarcelado por el referéndum ilegal de 2017 dijo que la decisión de Torra de anunciar elecciones el pasado enero "no fue la mejor" ya que todo apunta a que los comicios se producirán "un año después", es decir, en enero de 2021.
El actual vicepresidente, Aragonès, también pidió a Torra pactar una respuesta conjunta para el Gobierno ante "el riesgo" de su inhabilitación.
También la CUP, la formación independentista más minoritaria, mostró preocupación por este escenario de incertidumbre y pidió una convocatoria electoral con la opción de mantener a Torra en una "presidencia simbólica".
La portavoz catalana, Meritxell Budó, se limitó a decir en rueda de prensa que corresponde al presidente decidir la estrategia a seguir "porque le afecta personal e institucionalmente".
"En estos momentos como Gobierno no tenemos ningún escenario sobre la mesa, respetemos que el presidente sea quien lo decida", sostuvo la portavoz.
Aunque por ahora parece que solo Torra conoce el futuro de la Generalitat, medios catalanes y españoles apuntan a que se trata de un nuevo intento de prolongar el bloqueo político por parte del expresidente Carles Puigdemont.
La idea es que el nuevo partido político de Puigdemont —nacido en julio— tenga más tiempo para ganar fuerza de cara a unas elecciones y recortar la ventaja que las recientes encuestas otorgan a Esquerra Republicana.
A nueve días de su cita con el Supremo, Torra sigue desoyendo las peticiones de ERC y la CUP y no se ofrece ni siquiera a negociarlas, un escenario que lleva a los independentistas al Día Nacional de Cataluña -11 de septiembre- más discordante de la última década.
