"No va a haber ninguna fundación pública o con recursos públicos que puedan enaltecer, propiciar o promocionar ideas totalitarias o figuras dictatoriales", explicó en rueda de prensa la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo.
Además de poner coto a la FNFF y su capacidad para acceder a subvenciones públicas, con esta nueva ley se pretende también dar una respuesta de "reconocimiento" y "dignificación" de las víctimas.
Por ello, la nueva ley incluirá un plan de exhumaciones con recursos públicos y la creación de un banco de ADN para, según señaló Calvo, poder dar una sepultura digna a las decenas de miles de víctimas que siguen enterradas en fosas comunes.
"Es muy importante que nuestra democracia no tenga víctimas en fosas comunes de manera ignominiosa", dijo la vicepresidenta.
En opinión de Calvo, las personas asesinadas por la dictadura de Franco deben ser un referente ético para la España democrática, ya que "estamos hablando de personas que lucharon contra el fascismo, que perdieron su vida por defender el orden democrático".
Con este nuevo proyecto legislativo, el Gobierno español pretende profundizar el camino iniciado con la Ley de Memoria Histórica del Año 2007 y los trabajos de los dos últimos años, que tienen como nota más destacada la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, donde estaba enterrado con honores.
"Queremos que sea una ley que homologue a la democracia española con otros países que ya han hecho un esfuerzo de rencuentro consigo mismos", resumió Calvo.
